La normativa establece que las industrias deben ser autorizadas por las Comunidades Autónomas y, además, contar una contabilidad muy estricta, registrando las materias primas que han comprado, lo que transforman y el producto final obtenido, todo ello desglosado por cada agricultor.

La nueva normativa recuerda que la competencia de control sobre estas industrias es de las Comunidades Autónomas que podrán sancionar a las empresas infractoras.

En este sentido, si una emresa es cerrada, sancionada o incumple las condiciones establecidas para realizar la transformación en el momento de las inspecciones, no podrá retomar su actividad durante dos campañas.

El plazo de presentación para las ayudas finaliza el 30 de noviembre para el lino y el 31 de diciembre para el cáñamo y los pagos se realizarán antes del 16 de octubre del próximo año.