En dicha providencia, que tiene fecha de 28 de febrero, el juez Garzón ofrece también la posibilidad de formar parte del caso a la Administración del Estado, así como a las juntas de Extremadura, Castilla La-Mancha y Castilla Y León. Esta última ya manifestó al magistrado su deseo de personarse como acusación particular, a principios del mes de febrero.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ordena a las distintas comunidades autónomas qu le remitan las certificaciones referidas a las ayudas comunitarias al lino en las campañas 1997-1998, 1998-1999 y 1999-2000.

Garzón se hizo cargo de este caso el pasado miércoles, cuando se declaró competente para investigar la denuncia presentada el pasado 8 de enero por la vicepresidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, sobre el caso del fraude del lino.

Así, Garzón imputó a un total de 42 personas, todas ellas agricultores y transformadores, entre las qu no hay ningún responsable político de las comunidades autónomas afectadas: Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

No obstante, figuran Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública Mercasa y propietario de la empresa transformadora Colino S.L., así como familiares de Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia presentada por Loyola de Palacio sobre el supuesto fraude generalzado que, según la Fiscalía Anticorrupción, hubo en el reparto de las ayudas que concedió la Unión Europea al cultivo del lino en la campaña de 1999.

La denuncia de Loyola de Palacio se apoyaba en gran parte en el informe que la Fiscalía Anticorrupción elaboró a instancias de la Unidad de Control y Lucha Antifraude de la Comunidad Europea (UCLAF).

En dicho texto se mencionaba a Colino como un ejemplo de los mecanismos utilizados para conseguir las subvenciones de la Comunidad Europea de forma ilíita.

Fue la UCLAF la que instó al departamento dirigido por Carlos Jiménez Villarejo a abrir diligencias informativas, con el fin de comprobar si existía delito en el cobro de dichas ayudas.