De esta forma, Garzón da la razón a la Fiscalía Anticorrupción, que ayer le remitió un informe en el que afirma que la Audiencia Nacional es competente para investigar la denuncia de Loyola de Palacio, por lo que debía hacerse cargo del caso e imputar a un total de 42 personas por los presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento.

Entre los 42 imputados, todos ellos agricultores y transformadores, no hay ningún esponsable político de las comunidades autónomas afectadas: Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

No obstante, figuran Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de la empresa pública Mercasa y propietario de la empresa transformadora Colino S.L., así como familiares de Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria.

Este caso llegó a la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia presentada por Loyola de Palacio el pasado 8 de enero y que versa sobre el supueso fraude generalizado que, según la Fiscalía Anticorrupción, hubo en el reparto de las ayudas que concedió la Unión Europea al cultivo del lino en la campaña de 1999.

La denuncia de Loyola de Palacio se apoyaba en gran parte en el informe que la Fiscalía Anticorrupción elaboró a instancias de la Unidad de Control y Lucha Antifraude de la Comunidad Europea (UCLAF).

En dicho texto se mencionaba a Colino como un ejemplo de los mecanismos utilizados para conseguir las subvenciones de la Comunidad Eurpea de forma ilícita.

Fue la UCLAF la que instó al departamento dirigido por Carlos Jiménez Villarejo a abrir diligencias informativas, con el fin de comprobar si existía delito en el cobro de dichas ayudas.