Esta es, además, una de las principales conclusiones del Libro Blanco sobre las Personas con Discapacidad Sobrevenida en España 2025 elaborado por Cermi, presentado este lunes en la agencia de noticias Servimedia.

Según explicó Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de Cermi, la discapacidad sobrevenida “no es un nuevo tipo" de discapacidad "sino una nueva situación” que aparece en la vida, que “atañe a muchos tipos distintos” y que, en la actualidad, "no está recibiendo la respuesta que necesita" por parte de las administraciones públicas.

Gloria Álvarez, experta jurídica y colaboradora en la redacción del Libro Blanco, explicó que estas personas “están siendo acopladas a los recursos preexistentes para la atención de discapacidad, sin tener en cuenta sus necesidades específicas”.

REALIDAD EMERGENTE

A su juicio, todavía existe “una imagen estereotipada de la discapacidad como algo lineal”, esto es, de nacimiento”. La realidad muestra que, cada vez más, esta puede aparecer a lo largo de la vida. “Se puede dar cuando la persona está en el mercado de trabajo, pero también cuando aún está en su proceso educativo o cuando ya es mayor”, con lo que demandó una atención que “considere los distintos ciclos vitales de la persona”.

Entre otras causas, citó los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades crónicas, las enfermedades mentales, los accidentes traumáticos, catástrofes naturales o la exposición a productos tóxicos. Por eso, pidió “poner el foco en todas estas discapacidades emergentes” con el fin de “atender a los desafíos que presenta esta población”.

Según Pérez Bueno, “estábamos acostumbrados a la discapacidad originaria y casi todos nuestros recursos y planes presupuestarios se habían pensado para esta linealidad”. Sin embargo, cada vez resulta más común “la discapacidad que aparece y te sorprende en medio de la vida”. Así la comparó con “una turbulencia” o "cataclismo" que “lo desordena” todo. Se trata de “una nueva realidad que hay que gestionar”, admitió, pero “nuestras políticas públicas no estaban pensadas para ello”.

NECESARIO

De ahí la conveniencia de este Libro Blanco, que definió como “el esfuerzo de analizar todo lo que se sabe sobre una cuestión" para, a partir de ahí, proponer medidas y acciones.

El director General de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, defendió también la necesidad de esta publicación, ya que “el rostro de la discapacidad ha cambiado fundamentalmente”.

“Antes había más discapacidades originarias, como puede ser la mía propia”, rememoró. “Ahora el escenario es otro”, reconoció. Por ello, “necesitamos instrumentos de conocimiento que nos pongan esos datos encima de la mesa”. De ese modo, se mostró convencido de que este Libro ayudará a que “las personas que estamos en responsabilidades públicas podamos hacer políticas públicas certeras”, añadió.

“Desde el Gobierno, desde el Ministerio, aplaudimos todas estas iniciativas y proyectos porque, sin duda, nos van a ayudar a trabajar mejor desde lo público”, concluyó.

DEMANDAS ESPECÍFICAS

Pérez Bueno puso varios ejemplos con los que ilustrar cómo las personas que adquieren una discapacidad presentan necesidades muy concretas, que requieren “una respuesta rápida y adecuada”.

Propuso imaginar un joven con problemas de salud mental, un trastorno cuya mayor prevalencia aparece entre los 20 y los 30 años de edad. “Es muy posible que esta persona aún se encuentre en su proceso educativo”. Si adquiere una discapacidad debido a este trastorno, "qué soluciones le damos mientras recibe la certificación de discapacidad”, se preguntó. “Seguramente” no pueda retomar sus estudios de inmediato y recordó que, a veces, el reconocimiento del grado de discapacidad tarda más de dos años.

Lo mismo planteó para una persona en edad laboral víctima de un accidente de tráfico. Lo primero es que “va a necesitar mucha ayuda para asumir la nueva situación y aceptar los cambios en su vida”, detalló. También requerirá adaptaciones en la vivienda, en el puesto de trabajo" si lo puede mantener, pero “mientras no se le reconozca la discapacidad, no podrá acceder a estos apoyos”. “¿Qué solución le damos mientras tanto?”, inquirió.

A su juicio, de todo ello depende que una persona a la que sobreviene una discapacidad “pueda reengancharse y recomponer su vida” o "quedarse a un lado, relegada". “Si no les atendemos de forma adecuada estamos condenando a miles de personas a la exclusión más extrema”, advirtió. La única opción que les quedará entonces será el apoyo de sus redes familiares, quienes puedan disponer de ellas.

EMPLEO

En este punto, Pérez se felicitó por la reciente reforma del Estatuto de los Trabajadores para acabar con el despido automático por incapacidad permanente adquirida. La modificación de su artículo 49.1 pone fin a la extinción automática del contrato de trabajo por Gran Incapacidad, Incapacidad Permanente Absoluta e Incapacidad Permanente.

Si lo desea, la persona trabajadora dispondrá de un mes para solicitar una adaptación de su puesto “razonable, necesaria y adecuada” o el cambio a otro puesto de trabajo “vacante y disponible, acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación”.

El texto también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un “coste excesivo” para la empresa. “Son cientos de miles de personas” en esta situación, destacó Pérez, y “cada año, miles de ellas” pasan por esta circunstancia. Se trata de darles la oportunidad de seguir trabajando si así lo desean.

ENVEJECIMIENTO

Mayte Gallego, presidenta de federación nacional Aspaym (Asociaciones de Personas con Lesión Medular), agregó que también la discapacidad puede llegar cuando las personas se han jubilado y “afrontan el proceso de envejecimiento”. Muchas de ellas a lo mejor son perceptoras de una pensión y, de nuevo, “tenemos que darles respuestas adaptadas a su realidad concreta”.

Gallego explicó cómo, asociado al proceso de envejecimiento de la población en general, “cada vez vemos más lesiones medulares por accidentes domésticos” en personas de edad avanzada.

Hasta hace unos años, “la inmensa mayoría se debían a accidentes de tráfico” y se producían en personas más jóvenes, prosiguió. Con todo, Aspaym mantiene su estrecha colaboración con la Dirección General de Tráfico en campañas de concienciación. De cara a esta Semana Santa, sus voluntarios volverán a salir a la carretera junto a los agentes de Tráfico para sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias de una conducción temeraria.

CIUDADANOS DE PLENO DERECHO

En opinión de Gallego, “no se trata sólo de salvar una vida”. Las personas con discapacidad “queremos ser ciudadanos de pleno derecho y participar en la vida social en igualdad de condiciones”. De ahí su demanda de prestar una atención especializada a la discapacidad sobrevenida, reclamó.

Gallego trajo a colación el caso de las mujeres que adquieren una discapacidad tras sufrir violencia de género, y que “no suelen ser tenidas en cuenta” en los recursos especializados. A su juicio, si las víctimas no disponen de asistentes personales en la casa de acogida o si a una víctima con discapacidad física le envían a un recurso inaccesible, “será imposible convencerle para que abandone su entorno”.

Cada vez hay más mujeres que adquieren sordera, pierden visión o sufren discapacidad física a consecuencia de esta violencia, advirtió. En esta línea, demandó la generalización de la asistencia personal, “un servicio muy poco conocido y que permite que una persona haga por ti lo que tú no puedes hacer".

Por su parte, la presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos, llamó a “escuchar” a estas personas y a sus familias y reclamó una respuesta unitaria por parte de las administraciones.

Incidió en otro de los aspectos que también aborda el Libro Blanco, como es la prevención. Así, recomendó “hábitos saludables” y evitar el sedentarismo, la obesidad o el consumo de alcohol y tabaco, que “ayudarán a prevenir” accidentes cerebrovasculares y muchas enfermedades que pueden causar discapacidad.

Además, Cabellos insistió en la necesidad de promover un “envejecimiento activo” para que las personas mayores “no se queden en casa” y no caigan en los malos hábitos.