En concreto, el magistrado investiga una denuncia presentada en 1989 por decenas de perjudicados que adquirieron una "libreta a rima única" lanzada por La Caixa que ofrecía un alto interés a los clientes sin que tuvieran que pagar impuestos por el dinero invertido.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Hacienda detectó irregularidades fiscales en esas libretas y obligó a sus titulares a que declararan esas inversiones, imponiéndoles en muchos casos las sanciones correspondientes. Según un informe de la Agencia Tributaria, los impuestos no ingresados por La Caixa por esos productos ascienden a unos 160.000 millones de peseta, aunque Hacienda le reclama únicamente el pago de 39.000 millones.

Al término de su comparecencia, Vilarasau no quiso desvelar el contenido de su declaración a los periodistas apelando al secreto de las actuaciones, aunque destacó que con su testimonio "ha quedado claro que la Caixa ha actuado en todo momento dentro de la más estricta legalidad".

Por su parte, Enric Casani, presidente de la Asociación de Defensa del Accionista (ADA), que interpuso la querella contra La Caixa, explicó que Vilarasu negó que fueran productos financieros opacos, y afirmó que se trataba de pólizas de seguro legalizadas, por las que sus suscriptores tenían que declarar a Hacienda.

Por el contrario, la ADA sostiene que esas operaciones constituían productos financieros opacos, por lo que muchas de las personas que invirtieron en ellos "no sabían, no querían y no conocían que estaban suscribiendo seguros". A su juicio, este "engaño" les causó un perjuicio y a la Hacienda pública "una grave desgravación fiscal".

Además, destacó que existen dictámenes de Hacienda que señalan que esos productos consitían en dos libretas, la KD y la 2000, "que no son seguros" y añadió que las personas que invirtieron en ellas "querían tener un ahorro a una rentabilidad determinada, con una solvencia del prestigio de la caja y con una gran liquidez".

Durante la declaración, el juez Moreno requirió al director de La Caixa que le aportase una serie de documentos, entre ellos el organigrama de la caja, las actas de las reuniones y l relación de los órganos que tomaron las decisiones sobre ese producto.

Según Casani, Vilarasau, que contestó a todas las preguntas que le formularon las partes, se mostró totalmente dispuesto a facilitar toda la documentación requerida por el magistrado en el menor tiempo posible.

El presidente de la ADA indicó que en el procedimiento penal están personadas unas 175 personas que realizaron una inversión media de unos 5 millones de pesetas.

Agregó que muchos de ellos han sido sancionados y hn tenido que pagar el recargo correspondiente por no haber hecho la declaración en su día, mientras que a La Caixa, aparte de ingresar las retenciones correspondientes, no se le ha aplicado esta sanción. "Hay un trato evidentemente discriminatorio", concluyó.