Si el Tribunal de Conflictos decide que el Gobierno tiene razón, Javier Gómez de Liaño reingresaría en la carrera judicial como magistrado. En caso de que la balanza se inclinara a favor del Supremo, el ex juez de la Audiencia Nacional perdería definitivamente su categoría y no tendría más remedio que reingresar mediante el cuarto turno, el de los juristas de reconocido prestigio, o bien realizando otra vez oposiciones.

En cualquier cas, según informaron hoy fuentes del Alto Tribunal, cualquiera de las dos opciones no podría llevarse a cabo hasta que se cancelen los antecedentes penales de Javier Gómez de Liaño, dentro de cuatro años y medio (el plazo comenzó a correr el día en que el Gobierno le otorgó el indulto).

Además, si el Tribunal de Conflictos decidiese que el Supremo tiene la razón, el Tribunal Constitucional podría decir la última palabra, pero sólo a petición del propio Javier Gómez de Liaño.

El conflicto entre el Gbierno y el Supremo quedó formalmente planteado el pasado 8 de febrero, cuando el pleno jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal decidió rechazar el requerimiento del Ministerio de Justicia para reingresar en la carrera judicial a Javier Gómez de Liaño, tal y como dictaba el indulto que le otorgó el Gabinete de José María Aznar.

Tras la concesión del indulto, los magistrados del Supremo encargados del "caso Liaño" dieron por cumplida la pena de quince años de inhabilitación, pero se negron a reingresarle en la carrera judicial de manera inmediata, por considerar que al Gobierno no le compete tomar esta decisión. El Ejecutivo respondió iniciando el contencioso que ahora debe resolver el Tribunal de Conflictos.

El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción está presidido por el presidente del Supremo, Javier Delgado, que tiene voto de calidad en caso de empate entre sus miembros.

Este órgano colegiado está compuesto por cinco vocales, tres miembros permanentes del Consejo de Estado, osé Luis Manzanares, Miguel Vizcaíno y Antonio Pérez-Temesa; y por dos magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Rodolfo Soto y Pedro Antonio Mateos.

ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo argumentan que con el conflicto de jurisdicción planteado por el Gobierno se pretende que "el Tribunal de Conflictos actúe como un órgano jurisdiccional superior que revise y corrija la interpretación de la normativa penal".

Por su parte el Gobierno, representado por el abogado del Estado, y el fiscal consideran que el Supremo invadió las competencias del Consejo de Ministros y sostiene que al Alto Tribunal debió limitarse a aplicar el indulto en los términos recogido en el Real Decreto que establece el perdón para Gómez de Liaño.