En declaraciones a Servimedia, Julián Ariza, miembro de la Ejecutiva de CCOO, destacó que "con la nueva ley, al clarificar y separar las fuentes de financiación, al recoger la contitución de un fondo de reserva para tirar de él en momentos de dificultad y al racionalizar mejor el conjunto del sistema de pensiones, se asegura bastante bien la viabilidad del sistema".

A juicio de Ariza, lo más importante de la ley es que acaba con "toda una campaña en los últimos años que ponía en cuestión nuestro sistema de Seguridad Social" y demuestra que "este sistema es perfectamente viable".

Lo mismo opina UGT, que en un comunicado difundido hoy asegura que con la entrada en vigor de sta ley "se consolida y afianza el sistema de Seguridad Social y se fortalece el sistema público de reparto", al tiempo que "despeja los oscuros intereses que buscaban el debilitamiento del Estado de Bienestar".

Para UGT, que considera que la ley de pensiones es "un logro del conjunto de la sociedad", la nueva normativa aglutina los tres objetivos defendidos por los sindicatos, que son el mantenimiento y la mejora del sistema público de protección social, el reforzamiento de la solidaridad interna delsistema público de pensiones y el logro de una mayor participación sindical.

El Gobierno también está muy satisfecho con esta ley, que se revisará en el año 2000. En un comunicado difundido hoy, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales resalta que la nueva ley de pensiones "refuerza los principios de contributividad, equidad y solidaridad de nuestro sistema público de protección social".

La nueva ley de pensiones es fruto del consenso logrado por todos los partidos políticos en el "Pacto de Toedo" de abril de 1995, aunque posteriormente durante su tramitación parlamentaria contó con la oposición de IU. La normativa también cuenta con el respaldo de UGT y CCOO, pero no con el de la CEOE, que no suscribió el acuerdo con el Gobierno.

FUENTES DE FINANCIACION

Entre las novedades de la nueva ley figura la separación de las fuentes de financiación, que deberá estar culminada en el año 2000. Para entonces, la parte contributiva del sistema (pensiones) se financiará con las cotizaciones de empresrios y trabajadores a la Seguridad Social, y la no contributiva (sanidad y prestaciones universales y asistenciales) con impuestos.

Además, la nueva ley introduce por primera vez la revaloración de las pensiones según la inflación prevista de forma automática y por ley, con una novedad, que la cláusula de revisión en los supuestos de desviaciones de la inflación operará al alza, pero también a la baja.

Precisamente, este ha sido un punto de debate en los últimos días, ya que con toda seguridad elIPC real de este año (de noviembre de 1996 a noviembre de 1997, que es el que se utiliza para la subida de las pensiones) se situará por debajo del previsto, con lo que, según la nueva ley, debería ponerse en marcha la cláusula de absorción, descontándose lo que han subido de más este año las pensiones en el incremento del 97.

El Gobierno ha asegurado en los últimos días que las pensiones subirán en 1998 lo mismo que la previsión de inflación (2,1%), pero todavía no ha dejado claro si se les descontar a los pensionistas lo que han percibido de más este año. Los partidos políticos y los sindicatos se han mostrado a favor de que no se les descuente, especialmente a las pensiones más bajas.

La ley de pensiones que entra en vigor mañana también modifica el período de cálculo de las nuevas pensiones, que se irá ampliando paulatinamente de los 8 años actuales hasta los 15 años. En 1997 las pensiones se calcularán sobre los últimos 9 años cotizados, en 1998 sobre los últimos 10 años, en 1999 sobre los úlimos 11 años y así hasta llegar a 15 años en el 2002.

Además, introduce variaciones en la cuantía de la pensión en función de los años cotizados, manteniéndose el derecho a la percepción del cien por cien con treinta y cinco años de cotización. Los que hayan cotizado 15 años a la Seguridad Social, percibirán el 50% de la pensión (ahora es el 60%), y si han cotizado 25 años, el 80%.

VIUDOS Y HUERFANOS

La ley recoge mejoras para algunos colectivos, como los viudos menores de 60 años y los huérfans. Los primeros verán equiparadas sus prestaciones a las de los viudos de entre 60 y 64 años, si bien esta medida está pendiente de desarrollo reglamentario. Los huérfanos, por su parte, podrán cobrar la pensión hasta los 21 años si falta un progenitor y hasta los 23 años si faltan los dos.

También hay cambios en materia de jubilaciones anticipadas, ya que se les aplicará un coeficiente reductor del 7% a partir de los 40 años, en lugar del 8% actual. La edad legal de jubilación sigue fijada en 65 años si bien el Gobierno se compromete a otorgar algún tipo de incentivos a quienes sigan trabajando a partir de esa edad.

La nueva ley de pensiones recoge otros aspectos, como la constitución de un fondo de reserva con los excedentes que generen las cotizaciones para atender necesidades futuras; el "destope" gradual de las cotizaciones a la Seguridad Social (acercamiento de las cotizaciones a los salarios reales), y el paso de las pensiones de invalidez a pensiones de jubilación cuando el beneficiario cupla los 65 años, entre otros.