El acuerdo fue anunciado en sendas ruedas de prensa por el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Jesús Caldera, y por el secretario general del PP, Javier Arenas, al filo de las ocho y media de la tarde, después de que finaliara el plazo de presentación de enmiendas.

El PSOE presentó 17 enmiendas parciales, y el PP 11. Sin embargo, ambos dirigentes celebraron el acuerdo y subrayaron que las aportaciones del PP y del PSOE incorporan las sugerencias de CiU y de Coalición Canaria. Además, insistieron en que tratarán de concitar el respaldo de los demás grupos en el trámite parlamentario.

Las enmiendas de PP y PSOE al artículo 11 del proyecto darán la legitimación para instar la declaración de ilegalidad de un partido poítico al Gobierno y al Ministerio Fiscal.

No obstante, el Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno a que solicite la ilegalización, quedando obligado con ello el Ejecutivo a formalizar la correspondiente solicitud, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Ninguna de las enmiendas especifica la mayoría con la que las Cámaras podrán instar al Gobierno a que solicite la ilegalización de un partido, pero ambos partidos están de acuerdo en que sea la mayoría simple del Congeso o del Senado.

Una de las enmiendas del PSOE propone además que la ilegalización de un partido político sea resuelta por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, pero Arenas precisó que el PP sigue manteniendo la conveniencia de una Sala Especial. Este es uno de los puntos que quedan pendientes para el trámite parlamentario.

NO CONTRA LAS IDEAS

Las enmiendas acordadas dejarán claro en la exposición de motivos que la ley no persigue la ilegalización de ninguna idea que se defienda de forma dmocrática, sino de los comportamientos que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El texto establecerá "nítidamente" la frontera entre las organizaciones que defiendan sus ideas y programas, cualesquiera que sean, con respeto a los métodos y principios democráticos, y las que sustentan su acción política en la connivencia con el terror o la violencia, la exclusión, o con la violación de los derechos y las libertades de los ciudadanos.

El artículo 9 permitirá la ilegalización de unpartido cuya actividad vulnere los principios democráticos o cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático mediante la realización de forma reiterada y grave de alguna de las conductas definidas en el texto.

Entre esas conductas está la vulneración sistemática de las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o ersecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

Figuará además como conducta susceptible de ilegalización el fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.

También está en este apartado la imposibilidad de complementar y apoyar políticamente la cción de organizaciones terroristas para la consecución de los fines perseguidos por éstas o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma.

TERRORISTAS EN LAS LISTAS

Se entenderá que en un partido concurren esas circunstancias cuando se repitan o acumulen una serie de comportamientos, como el apoyo expreso o tácito al terrorismo, legitimando sus acciones o exculpando y minimizando su significado.

También cuando se acompañe laacción de la violencia con programas y actuaciones que fomenten una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas, se incluya regularmente en los órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o se mantenga un amplio número de afiliados con doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento.

Asimismo, la utilizació como instrumentos de la actividad del partido símbolos, mensajes que representen o se identifiquen con el terrorismo, y la cesión a los terroristas o a quienes colaboran con ellos de los derechos y prerrogativas que la legislación electoral concede a los partidos políticos.

Se incluye en estas actitudes la colaboración habitual con entidades o grupos que actúan de acuerdo con una organizción terroristas, el apoyo desde las instituciones en las que se gobierna a estas mismas entidades, la promoción o articipación en actos de recompensa, homenaje o distinción de actividades terroristas o sus autores, y la cobertura de acciones de desorden, intimidación o coacción social.

PP y PSOE han presentado además sendas enmiendas a la Disposición Transitoria para poder considerar fraude de ley la constitución, en fecha inmediatamente anterior o posterior a la la entrada en vigor de la ley, de un partido político que continúe o suceda la actividad de otro, realizada con ánimo de evitar la aplicación a aquel dela norma.

Ambos partidos precisaron, a través de sus dirigentes, que la reforma no será retroactiva, si bien los tribunales podrán tener en cuenta al analizar la solicitud de ilegalización, los antecedentes de esa organización.

Tanto Arenas como Caldera coincidieron en que las aportaciones de los partidos mejoran el texto original. No obstante, el secretario general del PP aseguró que los principios esenciales del proyecto del Gobierno "se mantienen íntegramente", y el portavoz socialista consideó también logrados los objetivos de su partido.