El Consejo de Ministros ha visto hoy el anteproyecto de ley que ayer pactó con el PSOE y lo ha remitido al Consejo de Estado y al CGPJ para que dictaminen sus 12 artículos y seis disposiciones, hiladas con especial cuidado a fin de evitar fraudes de ley.

Para empezar, y exceptuando un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional, sólo la Sala Especial del Tribunl Supremo (15 magistrados: el presidente y los magistrados más antíguo y más moderno de cada una de las cinco salas) tendrá jurisdicción sobre la materia.

Actuará a instancias del Ejecutivo, de 50 diputados o senadores, o del fiscal general del Estado. En este punto, las fuentes informantes dan por segura la iniciativa, aunque admiten que siempre gozará de más consenso si va firmada por parlamentarios de varios grupos que si la adopta unilateralmente el Ejecutivo.

El ministro de Justicia, Angel Aebes, ha advertido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha contactado con CiU e Izquierda Unida, inicialmente, y que el Ejecutivo está abierto a "aportaciones que se quieran realizar" durante la tramitación parlamentaria, pero "asumirá su responsabilidad" y aplicará la norma aunque tenga que hacerlo en solitario.

Según el texto, La Sala Especial del Supremo podrá declarar ilegal una formación y procederá a su disolución en sentencia única. Para que los sancionados no puedan eludr el fallo se modificará la Ley Orgánica de Régimen Electoral, al objeto de impedirles que concurran a los comicios como agrupación electoral con otra sigla.

Si esa nueva agrupación presenta los mismos candidatos y responsables jurídicos, a instancia de parte (será el registro del Ministerio del Interior el que daría la alarma) la sala denegará su concurrencia en "trámite de ejecución de sentencia" y sin necesidad de nuevo procedimiento judicial. En este caso, habrá un proceso contradictorio entre laspartes, con plazos de veinte días para alegar y que el procedimiento no se demore más allá de tres meses.

NO SE PODRA MENCIONAR LA SIGLA PROSCRITA

Los cargos electos de un partido ilegalizado deberán pasar al grupo mixto, ya que la Constitución de 1978 contempla que el cargo es del elegido no del partido, y no podrán utilizar la sigla en sus intervenciones públicas dentro o fuera del Parlamento, bajo amenaza de sanción penal.

Las propiedades mobiliarias e inmobiliarias de la formación proscritapasarán al Tesoro Público y se dedicarán para fines sociales y humanitarios. Preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Angel Acebes, ha matizado que las `Herriko Tabernas` y locales que estén a nombre de personas físicas no podrán ser incautadas, de no mediar sanción civil contra estas personas.

Acebes ha explicado que la ley faculta a la sala especial a examinar la "trayectoria" de Batasuna, sus comunicados y resoluciones para examinar la posible ileglidad de su "actuación", no de sus principios y fines independentistas, que están protegidos por la Constitución.

A diferencia de la Ley Fundamental de Bonn (la Constitución alemana de 1948), que prohíbe los partidos nazi y comunista, la Carta Magna española respeta los fines políticos, recordó el ministro, y que lo que ha querido el Ejecutivo es centrarse en perseguir "actuaciones" contrarias al Estado de Derecho.

Preguntado por las consecuencias políticas de mandar a la `clandestinidad` a los ms de 150.000 votantes de Batasuna, Acebes ha replicado que la defensa del terrorsimo no es la única política a seguir sino que hay que implementar "políticas activas y ofensivas" contra la violencia desde el Estado de Derecho.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, presente en la rueda de prensa, ha explicado que "no hay ninguna novedad" respecto a la entrevista solicitada por el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente del Gobierno para hablar de la luha contra ETA. la llamada telefónica que ayer le hizo Aznar a Zapatero desde Méjico fue sólo para transmitirle "el pésame y la solidaridad" tras el asesinato de Juan Priede.

Cabanillas no ha querido referirse a las críticas que la Ley de Partidos ha suscitado en cargos del PSE como Ramon Jauregui o Gemma Zabaleta porque cree que "hoy es día de coincidencias y no de discrepancias".