El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Suárez, declaró a Servimedia que "jurídicamente no hay ningún problema" en que sea el Ejecutivo o un grupo de cincuenta diputados o senadores, quienes, junto al fiscal general del Estado, tengan potestad para solicitar la ilegalización de un partido, ya que se trata de "un asunto político".

Suárez argumentó que la decisión última siempre va a depender del Poder Judicialy que la posibilidad prevista en el proyecto de ley que prepara el Gobierno "defiende a las minorías", ya que permite a los partidos de la oposición proponer la ilegalización de una formación.

En cuanto a la posibilidad de utilizar para fines sociales los bienes de un partido una vez ilegalizado, el portavoz de la APM tampoco vio ningún problema, y puso como ejemplo el uso de bienes confiscados a narcotraficantes para proyectos de lucha contra la drogadicción.

Por su parte, la asociación judicialFrancisco de Vitoria manifestó que la propuesta del PSOE para que sólo el fiscal general del Estado pueda pedir la ilegalización de un partido político es "irrelevante", porque "da igual" de quien parta la iniciativa mientras quede claro que quien toma la decisión es el Tribunal Supremo.

Uno de los miembros de la Ejecutiva de esta asociación judicial, Cristina Cadenas, declaró a esta agencia que la iniciativa del PSOE no tiene otro sentido que "revestir" la ley de partidos. "La idea no es incorrecta, ero tampoco creo que sea imprescindible", comentó.

Cadenas no entiende por qué el PSOE se preocupa ahora por este aspecto de la Ley de Partidos. A su juicio, el Tribunal Supremo nunca ilegalizará una formación política si no hay pruebas suficientes para ello. Por tanto, "da igual quién lleve a cabo la petición de ilegalización", dijo.