En un comunicado, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH), la Unión de Asociaciones de Atención al Drogodependiente (UNAD) y la Asociación Apoyo aseguraron que, si no se arregla este problema con carácter urgente, se corre el riesgo de incidir en los aspectos puramente represivos de la ley, frente a los aspectos educativos y preventivos.

Las organizaciones no gubernamentales recordaron que las parcelas educativas ypreventivas en los conflictos planteados por los menores se recogen en todas las convenciones y directivas europeas e internacionales.

"Lo relevante es ser niño, y lo accesorio es el delito cometido. No se puede confundir la conveniencia de adelantar las barreras penales en ciertos supuestos, de aplicación muy concreta en algún ámbito geográfico, con la conversión del niño en adulto, por obra de la ley, en función del delito o el resultado", señaló la nota.

Las ONG firmantes del comunicado se opoen al enjuiciamiento por juzgados distintos de los de Menores y a cumplimientos en centros diferentes de los destinados genéricamente a menores.