E declaraciones a Servimedia, Urra reiteró que la nueva norma es una magnífica ley, necesaria, que ha sido muy estudiada durante años y que consigue algo fundamental: "igualar la edad civil con la edad penal en los 18 años".

Asimismo, aseguró que la nueva ley es muy educativa y pone el énfasis en el equipo técnico, en los psicólogos, en los trabajadores sociales y en los educadores, tanto para que hagan diagnóstico como para que hagan después seguimiento de la medida aplicada.

En este sentido, opió que la ley es "imaginativa en las respuestas. Desjudicializa, no olvida a la víctima, habla mucho de libertad vigilada y de trabajo en beneficio de la comunidad".

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

No obstante, reconoció que una vez dicho que es una magnífica ley, lo que hace falta es dotarla con los recursos necesarios. "Hacen falta centros, sin duda, abiertos, semi-abiertos, cerrados y terapéuticos para menores drogodependientes o para enfermos mentales", aseveró.

En esta cuestión, advirtió de qe uno de los problemas es la distinción de dotaciones entre comunidades. "Una cosa es en el País Vasco, Cataluña o Madrid, que tienen en conjunto unas dotaciones buenas, y otra la realidad de Andalucía o de otras comunidades, como Galicia o Castilla y León, que no tienen centros y que se van a encontrar con un problema grave y van a tener que trasladar a los menores a otras comunidades o incurrirán en desacato".

Además, añadió, no es una buena solución que el menor tenga que cambiar de región y alejare de su familia. Por todo ello, recalcó que hace falta voluntad política por parte de la comunidades autónomas, que son las que tienen transferida esta competencia.

También recordó las necesidades de recursos humanos para aplicar la ley. "Se precisan 129 fiscales, y éstos deben ser especialistas, profesionales bien preparados y bien remunerados. También se necesita personal para aplicar las otras medidas: libertad vigilada, trabajo en beneficio de la comunidad, reparación del daño. Esas requieren muchsimo personal por parte de las comunidades autónomas", dijo.

En definitiva, concluyó que es una magnífica ley, que supone un importante coste y que ha nacido rodeada de muchísimo ruido porque modifica muchas cosas en la justicia. "Es una buena ley que requiere antes una prevención para que la mayoría de los menores no tengan que pasar por ella", dijo.