Ante esta situación, la federación ha convocado para mañana, junto a CCOO y CSIF, una asamblea para adoptar medidas de presión que obliguen a la Administración a resolver esta situación.

En opinión de la FSP-UGT, la entrada en vigor de estas nuevas normativas creará un caos para los ciudadanos y trabajadores de justicia, provocado por la imprevisióndel Gobierno. los equipos técnicos (psicólogos, educadores y trabajadores sociales) que evalúan la situación psicosocial y educativa del menor, preceptivo para que el juez decida qué medidas se deben aplicar, no disponen de los medios humanos e informáticos suficientes para prestar estos servicios, asegura el sindicato.

Además, esta federación cree que la puesta en marcha de estas leyes crea nuevas necesidades en los órganos judiciales, ya que supone un aumento significativo de su trabajo, a pesar de o cual, afirma, el Gobierno no ha sabido proveer los recursos necesarios.

Asimismo, la organización sindical destaca la mayor complejidad de las funciones a realizar y la mayor responsabilidad que deberán asumir estos trabajadores, sin que hayan recibido la formación necesaria para desempeñar estas nueva demandas y prestar sus servicios a los ciudadanos de forma eficaz.