La huelga irá acompañada de otras movilizaciones, como la no realización por parte de los equipos técnicos adscritos a los distintos órganos de Justicia de prolongaciones de jornada hasta que no hayan sido previamente reguladas con los sindicatos, con las retribuciones y la compensación horaria pertinentes. Además, los trabajadores de Justicia realizarán encierros los próximos días 25 de enero y 12 de febrero, con concentraciones de apoyo.

En un manifieso elaborado por los tres sindicatos, señalan que la nueva Ley del Menor es "marcadamente educativa, progresista y beneficiosa para los menores, jóvenes y la sociedad en general", pero muestran su preocupación por la falta de recursos materiales y personales para aplicar esta ley y la de Enjuiciamiento Civil, lo que puede conducir, a su juicio, al fracaso de los objetivos socializadores que pretenden.

UGT, CCOO y CSIF critican que se haya suprimido la creación del cuerpo de psicólogos, educadores y traajadores sociales forenses, que afectaba a todos los equipos técnicos, así como el método utilizado para hacerlo, "a espaldas de los trabajadores afectados y sin negociación previa con los sindicatos representativos".

Los sindicatos están preocupados por el volumen de trabajo y ampliación de funciones que las dos nuevas leyes atribuyen a los equipos técnicos, sin que haya ninguna garantía por parte de la Administración de que vayan a aumentar los puestos de trabajo y modificar las condiciones laborale.

UGT, CCOO y CSIF, que rechazan tajantemente la privatización de cualquier equipo técnico, ven "desacertado" que se tenga que juzgar en la Audiencia Nacional a los menores y jóvenes implicados en los delitos de terrorismo, y también la prolongación de la duración de las medidas sancionadoras en los casos de homicidio y agresión sexual.

Por todo ello, exigen la equiparación de las condiciones económico-laborales de todos los profesionales de los distintos equipos técnicos, independientemente de l comunidad autónoma donde trabajen, y la creación del cuerpo de psicólogos, educadores y trabajadores sociales forenses recogida en la Ley del Menor y suprimida recientemente.

Asimismo, reclaman la provisión por parte del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas de todas las plazas necesarias, medios materiales y personales a los equipos técnicos para una correcta aplicación de la Ley del Menor; una reglamentación de todas las nuevas funciones se encomiendan a los equipos técnicos, y la imediata paralización de la privatización en los juzgados de familia que se ha producido en Cataluña y su vuelta a la situación anterior.