En declaraciones a la cadna Ser, Michavila argumentó que no se puede privar a unos padres de un menor asesinado del derecho a dirigirse a la justicia.

El ministro reconoció que se han encontrado "algunas disfunciones" en la aplicación de la Ley del Menor, razón por la que el Gobierno ha decidido introducir algunas reformas encaminadas a su endurecimiento.

"Se trata de que menores que cometen delitos especialmente graves tengan mayor severidad en la condena y además que tengan centros de rehabilitación singularmente dirigdos a ellos, que no convivan menores asesinos con menores que han cometido delitos de otra naturaleza", dijo.

No obstante, señaló que, en su conjunto, la Ley del Menor está dando resultados "satisfactorios", dado que permite que en este momento haya más de 1.700 menores que, en lugar de ir a la cárcel, están recibiendo otro tipo de medidas para su rehabilitación y reinserción, como los trabajos en beneficio de la comunidad.

Michavila recordó que la democracia española tenía una deuda con el trataiento penal del menor desde el año 1978 y que se saldó en el año 2000. "Estuvimos 22 años con una legislación contraria a los principios de Naciones Unidas", añadió.

En este sentido, añadió que se trataba de una legislación que hacía que los menores de 18 años o quedaran impunes o ingresaran en prisión, puesto que la única pena que les podía imponer un juez era la cárcel. En este último caso, se convertían en "carne de prisión de por vida", dijo.

"Al menor de 18 años, lo primero que le ocurría er que era objeto de abusos sexuales y entraban en un entramado del crimen que les convertía, y las estadísticas así lo demostraban, en reincidente, en delincuentes habituales", agregó.