La principal novedad de esta ley es el papel que se reserva a los fiscales como instructores del procedimiento, así como todo lo relativo al cumplimiento de la penas de privación de libertad, que se hará a partir de ahora en centros específicos para menores en lugar de en las cárceles.

En un comunicado, el departamento que dirige Angel Acebes asegura que el Gobierno ha invertido para la puesta en marcha de la normativa un total de 4.059 millones de pesetas. Se han creado 165 pazas de fiscales y 31 juzgados de menores que se añaden a los 38 ya existentes.

De los 31 nuevos juzgados creados, con una inversión global de 1.042 millones de pesetas, 13 corresponden a las comunidades autónomas con competencias de Justicia transferidas (Cataluña, País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias) y 18 al ámbito del Ministerio de Justicia, con un coste estos últimos de 830 millones de pesetas.

TERRORISMO

Asimismo, para los casos de terrorismo y delitos raves se ha previsto la creación de un Juzgado Central de Menores en la Audiencia Nacional, con una inversión de 38 millones de pesetas. En este juzgado se establecerán las especialidades necesarias para que el enjuiciamiento de las conductas de los menores se realice en las condiciones más adecuadas, tanto a la naturaleza de los delitos como a la trascendencia social de los mismos.

Por otra parte, con el decreto que hoy aprobó el Ejecutivo, en el que se crean 129 nuevos fiscales, se ha ampliado en 16 plazas la plantilla del Ministerio Público. Así, las 36 plazas creadas en julio y las 129 que se han aprobado hoy suponen un crecimiento de la carrera fiscal en un 11% en tan sólo seis meses y una inversión de 1.486 millones de pesetas.

En este capítulo de las plantillas y del personal, el Ministerio de Justicia tiene prevista una inversión de 85 millones de pesetas para completar las plantillas existentes de psicólogos, trabajadores sociales y educadores.

Respecto a la formación, Justicia tambin ha invertido más de 50 millones de pesetas en la organización de 79 cursos destinados a una mejor preparación de fiscales, auxiliares, agentes, trabajadores sociales, educadores y psicólogos. En total 1.247 funcionarios han recibido formación para aplicar esta ley.

Por último, en el capítulo de obras e infraestructuras el departamento de Justicia ha realizado actuaciones de nueva instalación, adaptación o de rehabilitación en 27 provincias. Asimismo, se ha procedido a la adquisición de material mobiiario e informático para los nuevos juzgados y fiscalías, y se ha implantado una aplicación informática integral para todas las dependencias. Este conjunto de acciones han supuesto una inversión de 1.529 millones de pesetas.