De esta forma, el texto no tendrá que volver a someterse a debate y votación en el Pleno del Congreso de los Diputados y se publicará sin cambios en el boletín Oficial del Estado (BOE).

La Ley contó con el apoyo de las dos formaciones de la coalición de Gobierno (PSOE y Unidas Podemos), Ciudadanos, PDeCat y PNV. Votaron en contra el PP, Vox, ERC, la CUP y Más País, mientras que Bildu se abstuvo después de que pactara hace dos semanas con el Gobierno que el próximo paquete de medidas contra la crisis incluirá una revalorización del 15% de las pensiones no contributivas para los próximos meses, en línea con lo que ya sucedió con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en marzo.

Antes de llegar al Senado, la Ley afrontó una compleja votación en el Congreso, ya que el PSOE aceptó por error tres enmiendas de Unidas Podemos y tuvo que presentar después un voto particular para que estas fueran retiradas del texto, con las consiguientes dudas de su socio de Gobierno.

Se trataba, en concreto, de las enmiendas 57 y 58 -sobre la eliminación de incentivos para fomentar los planes colectivos de pensiones- y la 60 -que destopa las bases máximas de las cotizaciones-, que no fueron incluidas finalmente en el texto legislativo.

SATISFACCIÓN

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se mostraron “muy satisfechos” por la aprobación de la Ley, porque implica el acceso a una fórmula de ahorro “segura y con comisiones bajas” para colectivos que hasta ahora no tenían fácil recurso a este tipo de productos financieros, como los autónomos, los asalariados de las pymes o los empleados públicos de entidades pequeñas.

El texto también implica la apuesta por fórmulas de ahorro de mayor progresividad, tal y como evidencia un reciente estudio del Banco de España, que apunta a que el efecto redistributivo de los planes es especialmente positivo para las familias de menor riqueza.

Asimismo, favorece el impulso de unos productos financieros socialmente responsables, en los que la rentabilidad para los partícipes se combinará con criterios de inversión con impacto social y medioambiental.

Igualmente, introduce una nueva herramienta a disposición de la negociación colectiva para facilitar acuerdos salariales, especialmente en momentos de volatilidad en los precios como el actual.