Las enmiendas incorporadas en el Senado establecen que los servicios públicos de empleo, tanto estatales como autonómicos, tendrán que contar con personal cualificado para atender las necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad, para lo que se brindará formación adecuada a la plantilla, incluidas cuestiones relacionadas con la accesibilidad cognitiva, imprescindible para personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, se deberá asegura la accesibilidad de las herramientas digitales destinadas a la formación de los demandantes de empleo deberán ser accesibles, de modo que puedan ser empleadas también por las personas con discapacidad.

Por otro lado, se incorporó en el Senado a la Ley de empleo la potenciación desde los servicios de empleo de la recolocación de demandantes de empleo en actividades relacionadas con la economía social.

En materia de intermediación laboral, se introdujo expresamente que se deben evitar estereotipos que puedan propiciar discriminación por razón de edad, género o discapacidad en los procesos de selección.

Más allá de las enmiendas del Senado, el texto legal ya recogía otras medidas en favor de la discapacidad como la introducción de las personas con autismo en los colectivos de atención prioritaria en las medidas de impulso de la inserción laboral.

Del mismo modo, en el trámite parlamentario se incorporó en el Congreso una enmienda a propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) por la que se considerará, a efectos de la Ley de empleo, que presentan “una discapacidad en grado igual o superior al 33% las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad”.

Se modifica así, mediante la disposición final segunda, el texto de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

TRANSFORMACIÓN DEL SEPE

Por otro lado, la Ley de empleo establece que el actual organismo autónomo del Servicio Público de Empleo Estatal se transformará en la Agencia Española de Empleo. Este cambio permitirá mejorar su gestión y funcionamiento sin que suponga un cargo económico al erario público.

Entre otras medidas, destaca también el refuerzo de la Inspección de Trabajo ante los ERE, incluida en el texto a partir de una enmienda pactada entre las dos formaciones del Gobierno con Bildu en el Congreso. Ello generó el enfado de CEOE, que acusó al Ministerio de Trabajo de romper el acuerdo de la reforma laboral por adoptar esta acción fuera de la mesa con los agentes sociales.

Concretamente, la enmienda aprobada detalla que "el informe de la inspección se pronunciará sobre la concurrencia de las causas especificadas en la comunicación inicial y constatará si la documentación presentada por esta se ajusta a la exigida en función de la causa concreta para despedir".

EVALUACIÓN

La eficacia de las políticas de empleo se someterá a un nuevo procedimiento de evaluación. Tanto la Estrategia como el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno estarán, por tanto, orientados a resultados.

Se regula también una “cartera común de servicios” en todo el país, de modo que se elaborará un perfil individualizado de la persona que recibirá tutorización individual y continuada y para la que se elaborará un itinerario personalizado. Cada usuario tendrá un expediente laboral personalizado único.

Cada persona recibirá formación para el empleo, podrá contar con asesoramiento para el autoempleo y el emprendimiento y el pilar de la nueva norma es el acompañamiento personalizado con la oferta de una cartera común de servicios de intermediación laboral eficiente. Además, estos servicios podrán prestarse presencialmente o de manera telemática.

También se favorece que en la Conferencia Sectorial de Empleo, formada por Gobierno y comunidades, se puedan adoptar recomendaciones para mejorar políticas que no estén “funcionando” adecuadamente y, al mismo tiempo, potenciar otras que sí estén dando frutos.

Igualmente, las empresas tendrán a su disposición un catálogo de servicios garantizados que permitirá la gestión de las ofertas de empleo presentadas a los servicios públicos de empleo, información y asesoramiento en la contratación, identificación de necesidades de formación y apoyo en los procesos de recolocación. Además, podrán recibir información y asesoramiento sobre las ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la Red Eures.