Fuentes de AI declararon a Servimedia que el proyecto no protege adecuadamente el derecho a la vida y a la integridad física de aquellas personas objeto de una posible extradición, y vulnera el derecho de un asilado a no ser devuelto a su país de origen".

AI declaró que el proyecto de ley "va en contra, y por lo tanto viola", la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en concreto su artículo 33.

"También preocupa", según la organización humanitaria, "que se pueda conceder la extradición de personas que están todavía solictando asilo político, es decir, que no han completado todos los trámites, o que han recurrido una solicitud de asilo".

En este sentido, AI considera que no se debe permitir que haya ninguna excepción, en virtud de tratados bilaterales, por la que un solicitante de asilo pueda ser extraditado antes de que complete todos sus procedimientos judiciales.

El proyecto de ley abre la posibilidad de que se extradite a personas a países de la Unión Europea o la Comunidad de Estados Iberoaméricanos por delios políticos, extremo que es rechazado por AI, al entender que "bajo ningún concepto debe permitirse extraditar a nadie por delitos políticos".