Pujol, que mantuvo en Madrid una reunión de hora y media con Alvarez de Miranda, informó en rueda de prensa que ha manifestado al Defensor del Pueblo que la aplicación de la ley del catalán se hará "de una forma absolutamente correta".

El jefe del Ejecutivo catalán expuso a Alvarez de Miranda que el desarrollo de esta norma se está haciendo de forma consensuada con los distintos sectores económicos, sociales y mercantiles, para no lesionar los derechos individuales de las personas que residen en Cataluña.

Según dijo, dada la constitucionalidad de la ley, "no hay que modificarla", pero "sí hay que estar especialmente vigilantes en su aplicación, para no incurrir en algún error, tanto político como constitucional".

Pujo señaló que los más interesados en que esta ley se aplique de forma correcta son el Gobierno y el Parlamento catalán, que, según recordó, la aprobó con más del 80 por ciento de los votos de la Cámara.

Agregó que si se hace una correcta aplicación de la ley, se habrán conseguido los objetivos para los que fue aprobada: conseguir una mayor promoción y recuperación del catalán, "que ha estado durante décadas e incluso siglos en situación de precariedad", y alcanzar "una mayor convivencia ciudadana y una uy notable cohesión social".

VIGILANCIA

Por su parte, el Defensor del Pueblo señaló en rueda de prensa que insistirá en la vigilancia de la aplicación de esta ley para defender los derechos "de todos los que en Cataluña sean catalano-parlantes o castellano-parlantes".

Alvarez de Miranda explicó que ha analizado con Pujol fórmulas de interpretación y de aplicación de la ley del catalán "en un espíritu de bastante acuerdo y de cordialidad".

No obstante, el Defensor del Pueblo señaló que tendá que estudiar profundamente el documento que le entregó Pujol durante el encuentro en contestación a las recomendaciónes suyas de modificar algunos aspectos de esta ley.

Alvarez de Miranda insistió en que vigilará el desarrollo de esta ley "con toda atención, con todo interés", y anunció que se reunirá con Pujol cuando alguna de las sugerencias que le ha hecho llegar "no se resuelva de forma definitiva".

Finalmente, el Defensor del Pueblo dijo que no es cierto que se haya sentido presionado parano recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley del catalán y señaló que su decisión la tomó tras analizar diversos informes, tanto los solicitados por él como los enviados por particulares "de forma espontánea".

Alvarez de Miranda aprovechó la ocasión para desmentir que solicitara a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón un informe sobre esta ley y aclaró que ese documento se lo remitió la Generalitat.