El Defensor del Pueblo decidió el pasado mes de abril no recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley del Catalán, pero formuló varias sugerencias para evitar que resultase discriminatoria hacia los castellano-parlantes.

Entre las propuestas de Alvarez de Miranda destacan cambios en varios de los artículos para que los particulares decidan la lengu que quieran utilizar en los modelos de impresos de pagarés, cheques y otros documentos facilitados por entidades financieras.

También recomienda fijar con mayor claridad el principio de cooficialidad lingüística, acorde con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía.