Fernando Moraleda, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), manifestó hoy a Servimedia que el objetivo fundamental es "defender el concepto público de la propiedad y la gestión del agua".

La reforma de esta ley podría suponer, asu juicio, "la introducción de aspectos mercantilistas en la propiedad y el uso del agua, lo que no se puede permitir, si se tiene en cuenta la importancia de este bien natural tanto para la vida de los ciudadanos como para la economía del país".

El manifiesto exige también la derogación de una serie de artículos de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 1997, que, según Moraleda, permiten que las empresas que realicen obras hidráulicas repercutan estos costes en las tarifas a travé de la inversión de capital, "lo que implica que tan sólo se podrán hacer obras hidraúlicas donde puedan ser pagadas y no donde sean necesarias", indicó.

MESA DE DIALOGO

A partir de la retirada del borrador, el Manifiesto propone generar una mesa de diálogo social que permita la representación de todas las organizaciones que lo han firmado para que la futura política de aguas sea "fruto del consenso social y no de la imposición".

Moraleda espera que los distintos grupos parlamentarios reciban alos firmantes del Manifiesto para conocer sus posturas acerca del borrador de la ley. Aunque aún no se ha convocado ninguna acción específica de protesta, asegura que en el futuro "no es descartable".

Además de UPA, el Manifiesto ha sido suscrito por CCOO, UGT, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF/ADENA), Amigos de la Tierra, y la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Esado Español (CAVE)