Durante la reunión, Lesmes y Jourová abordaron diversas cuestiones en relación con el estado de la Justicia en España y con la situación del Consejo General del Poder Judicial y su renovación, pendiente desde hace tres años.

En este sentido, el presidente del CGPJ expuso a la comisaria europea que la única anomalía democrática que existe hoy en España en relación con el Poder Judicial es precisamente la no renovación de los miembros de su órgano de gobierno, en prórroga de sus funciones desde el 4 de diciembre de 2018.

Lesmes explicó a la vicepresidenta de la Comisión Europea que esta parálisis se debe a un problema únicamente atribuible a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, que no han llegado a un acuerdo sobre el momento y la forma de llevar a cabo esa renovación con transparencia y normalidad democrática.

Por ello, consideró inaplazable que se complete el proceso de renovación que puso en marcha como presidente del Consejo el 3 de agosto de 2018 con la remisión a los presidentes del Congreso y del Senado de sendas cartas en las que ponía en su conocimiento la próxima finalización del mandato del CGPJ y el envío de los datos del escalafón de la Carrera Judicial y del registro de asociaciones judiciales, tal y como establece el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La urgencia en la renovación viene también determinada por las consecuencias de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones.

La norma está provocando, a su juicio, graves disfunciones en el Tribunal Supremo -que ya cuenta con 14 vacantes en su planta de magistrados- y afecta también a la renovación del Tribunal Constitucional, al no poder designar el CGPJ a los dos magistrados que le corresponden.

El presidente del TS y del CGPJ subrayó asimismo que, pese a la apariencia de politización de la Justicia que pueda derivarse del sistema parlamentario de elección de los vocales del Consejo, la judicatura es absolutamente independiente en España.

Esta independencia, añadió, está garantizada frente a los demás poderes del Estado por la institución que él preside, un órgano constitucional creado específicamente en 1978 con esa misión y que se encarga de todas aquellas cuestiones de naturaleza administrativa-gubernativa y de régimen interior del Poder Judicial.

Prueba de esa independencia son los numerosos procedimientos judiciales relacionados con partidos políticos o con instituciones del Estado tramitados en los últimos años en España con absoluta normalidad, así como el resultado de los barómetros de opinión que periódicamente realiza la empresa Metroscopia para el CGPJ, que revelan que la inmensa mayoría de los miembros de la Carrera Judicial se siente totalmente independiente para tomar decisiones en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Por último, Lesmes ofreció a la vicepresidenta de la Comisión Europea distintos datos sobre la Carrera Judicial, compuesta en un 56% por mujeres y cuya pluralidad ideológica es reflejo de la de la sociedad española.