Los representantes del bloque conservador y del progresista del Consejo se reunieron por tercera vez el pasado miércoles para abordar la renovación del Constitucional y terminaron una vez más sin acuerdo. El sector conservador insiste en pedir más tiempo y de ese modo pone en una situación comprometida a Lesmes que ha comprometido su dimisión si no se procede a las renovaciones pendientes.

Fuentes del CGPJ creen que esa renuncia no se producirá en ningún caso hasta después de ese pleno. El día de la Fiesta Nacional, Lesmes será el encargado de representar al Poder Judicial en las celebraciones oficiales y al día siguiente se enfrenta a un pleno que tiene tintes de ultimátum.

Hasta el momento, la elección de los representantes del CGPJ en el TC está bloqueda por una minoría de ocho vocales conservadores, puesto que son necesarios al menos 12 votos de los 19 que emite el pleno del Consejo.

Tras la última reunión, los vocales progresistas aseguraron que buscarán "vías alternativas" en colaboración con el presidente del CGPJ para sacar adelante los nombramientos, lo que se concreta en una fuerte presión sobre los vocales conservadores para lograr el apoyo de alguno de ellos a los nombramientos. Por el momento, no han logrado romper la disciplina de este grupo, que no oculta su malestar por la actuación de Lesmes.

La convocatoria del pleno del día 13 está dentro del guión de lo acordado en la sesión plenaria del 29 de septiembre por ambos sectores. En esa reunión, se decidió que si la comisión negociadora prevista para el pasado miércoles alcanzaba un acuerdo para la designación de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al CGPJ se convocaría un Pleno al día siguiente, pero que si ese acuerdo no existía el Pleno se retrasaría al día 13.

La reunión extraordinaria tendrá un único punto en el orden del día: evaluar los trabajos llevados a cabo por la comisión negociadora y, en su caso, valorar posibles candidaturas al Tribunal Constitucional.

Una nueva falta de acuerdo coloca en una posición delicada al presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, que lleva semanas intentando convencer a alguno de los integrantes del sector conservador de que apoye la elección y pretendía dejar cerrada la renovación del TC antes de dimitir.

Con un CGPJ en funciones desde hace casi cuatro años, Lesmes amenazó con dimitir si PSOE y PP no se ponían de acuerdo en la renovación del órgano de gobierno de los jueces y cifró en semanas el plazo para materializar su salida. Hasta ahora, tenía la esperanza de renunciar al cargo con la renovación del Constitucional hecha, pero esa posibilidad se complica cada vez más.

Tampoco parece que la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, de la pasada semana haya contribuido a acercar posiciones y, de hecho, el PP ya ha mostrado sus reticencias a proceder a la renovación del CGPJ sin un compromiso expreso para el cambio del modelo de elección de sus miembros.

Ya hace más de dos semanas, el presidente del TS pidió un informe sobre cómo realizar su sustitución y lo presentó al Tribunal Supremo. Ese informe concluye que su sucesor provisional tendría que ser el presidente de la Sala de lo Civil del TS, Francisco Marín Castán.

SITUACIÓN CRÍTICA

El objetivo de máximos es, no obstante, renovar tanto el TC como el CGPJ porque la renovación sólo del Constitucional sumiría en una situación crítica al Supremo, que perdería de nuevo a varios magistrados.

En la actualidad, el Supremo funciona sin el 25% de sus efectivos porque la reforma legal impulsada por el Gobierno en marzo de 2021 prohíbe a un CGPJ en funciones realizar nombramientos en los altos tribunales.

Como se avecinaba el límite del mandato para varios miembros del TC, el Ejecutivo promovió una segunda reforma, aprobada el pasado mes de julio, para devolver al Consejo su capacidad de realizar nombramientos, pero sólo para elegir a sus dos candidatos al Constitucional y la fecha para hacerlo expiró el pasado 13 de septiembre.

La designación por el Gobierno de los magistrados que el corresponden y que está condicionada a la decisión del CGPJ, daría la vuelta a la mayoría conservadora que ahora impera en el Constitucional.