Cuando se cumplen casi cuatro años de mandato en funciones del Consejo, Lesmes avisó en el solemne acto de apertura del Año Judicial que esa renovación debe realizarse de acuerdo con la legislación vigente y sin condicionarla a modificaciones futuras del sistema de elección, como pretende el PP.

En el que ya es su cuarto discurso como presidente en funciones por el bloqueo de la renovación del Consejo, Lesmes dijo en presencia del Rey y de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que los efectos de la norma impulsada por el Gobierno para impedir los nombramientos cuando los vocales estén en funciones son “devastadores” y están provocando el “estropicio más grande” vivido por la Justicia española en toda su historia.

“La renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo, que no admite interpretaciones”, dijo.

Según comentó, el Estado de Derecho debe ser preservado por los jueces, “pero no sólo por ellos”. “Es una obligación de todos los poderes públicos sin excepción, de manera que si no existe una actuación conjunta en esa dirección todo el andamiaje sobre el que está construido se resiente o se debilita”, comentó.

Tras constatar que “el escenario político de estos últimos años está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española”, se dirigió directamente a los responsables políticos para solicitar “pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición, máximos responsables de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria, que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido”.

DIMISIÓN

"De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan”, advirtió descartando una dimisión colectiva de todos los vocales del Consejo que sería “inadmisible”, pues llevaría “a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar sumisión constitucional”. No descartó, sin embargo, decisiones individuales.

Y remachó dirigiéndose al Rey: “Este emplazamiento urgente se lo debemos, señor, a los jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezca impasible ante el deterioro de sus principales instituciones y, por extensión, de la Justicia entera. Por respeto a la dignidad de las Instituciones que presido, resultaría inadmisible mantenerse impávido en esta responsabilidad, ante esta situación insostenible e inaceptable”.

SITUACIÓN INSOSTENIBLE

El presidente del TS y del CGPJ advirtió de que el escenario político de los últimos años “está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española” y abogó por un urgente acuerdo que permita la renovación del Consejo y una vez culminada convertirá en “ineludible” la reforma del modelo de elección de los vocales del Consejo, “en crisis por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios y por apartarse de los recientes estándares europeos en materia de Consejos Judiciales”.

Lesmes entiende que la elección parlamentaria proporciona al Consejo “una especial legitimidad” para todas aquellas tareas que trascienden del interés corporativo de los jueces pero también señaló que este modelo “genera una percepción negativa, muy generalizada, de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad”.

Lesmes criticó la reforma legislativa que impide al Consejo realizar nombramientos mientras esté en funciones. “Dieciocho meses después de su aprobación, los efectos de esta ley son devastadores”, puesto que el número de vacantes en el Tribunal Supremo ascenderá a 20 en los próximos meses, lo que supone el 25% de sus efectivos, que 49 de las 116 presidencias de tribunales que existen en España no están desempeñadas por un titular y que el próximo 21 de diciembre la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, al no poder ser repuestas las vacantes.

“El estropicio es tan grande”, dijo, “que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial”.

Por ello, afirmó que esa norma fue aprobada “ignorando deliberadamente la penosa situación” del alto tribunal, y constituyendo “un agravio no solo para toda la Justicia, sino fundamentalmente para los propios ciudadanos, que son los grandes damnificados”.

Su llamamiento a los líderes políticos, dijo, pretende también ser “una llamada de atención a una sociedad que pareciera aletargada ante el deterioro de nuestro Estado de Derecho, garante último de sus libertades, y a una clase política que hace prevalecer con demasiada frecuencia sus intereses partidistas sobre los generales de nuestra nación”.

CORRUPCIÓN

El presidente del CGPJ puso en valor que el Rey esté “una vez más” en un acto de apertura de tribunales que “va mucho más allá de lo protocolario”. Su presencia, dijo, “tiene una enorme dimensión constitucional y política, como expresión del apoyo permanente de la Corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la Ley en beneficio de todos los españoles”.

Lesmes habló de dos “ejemplos paradigmáticos” del “extraordinario servicio” que la justicia presta a la sociedad a través de “unos jueces absolutamente independientes”. Se trata del combate librado contra el fenómeno de la corrupción y de los procesos relacionados con el proceso independentista de Cataluña.

En relación con la corrupción, el presidente del Consejo explicitó la vocación de lucha contra la “lacra social” de la corrupción que mina “la credibilidad de las instituciones y socavaba la propia democracia”, y el empeño de los jueces en revertir esa situación, agilizando la tramitación y resolución de las causas en materia de corrupción.

En este terreno, “los jueces españoles han actuado eficazmente, con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia Ley establece y sin que las críticas interesadas en este campo hayan conseguido debilitar a nuestra Justicia ni corroer la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales”, aunque “quien ayer aplaudía la sentencia que condenaba a su rival hoy desacredita la que le afecta a él, cuando a menudo ha sido dictada por los mismos magistrados”.

La decidida actuación de los jueces, defendió, ha hecho que la situación sea hoy “muy diferente” a la del año 2014 en que la corrupción era una de las primeras preocupaciones de los españoles. Lesmes citó para valar sus afirmaciones un estudio del catedrático de la Universidad de Oxford Víctor Lapuente en el que afirma que, salvo Islandia, España es el país que más banqueros sentó en el banquillo tras la crisis financiera.

CATALUÑA

En relación con los hechos acaecidos en Cataluña en 2017 que “estremecieron a nuestra nación”, Lesmes elogió la decidida actuación de la justicia cuando “la fortaleza de nuestro Estado de Derecho en aquel momento y la actuación posterior de los jueces a raíz de las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado sirvieron para preservar nuestra convivencia y garantizar la primacía de nuestra Constitución”.

Pese a la mejora en la imagen de la justicia entre los ciudadanos, Lesmes señaló que este poder del Estado está siendo sometido a “unas tensiones que pueden abocarla a la inoperancia y minar la confianza ciudadana”.

En este sentido, hizo referencia al discurso político que aboga por la ‘desjudicialización’ de los hechos acontecidos en Cataluña en 2017 y que habla, “sin rubor alguno, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran estos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad”.

De materializarse esa ‘desjudicialización’, advirtió, se pondría en riesgo el principio de igualdad en la aplicación de la Ley a todos los ciudadanos, “pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política”.

El Estado de Derecho se debe fundar el “reconocimiento de la primacía del Derecho, al que deben sujetarse todos los poderes públicos y las personas privadas, ya que en las democracias se gobierna a través de las leyes, obra de la voluntad general, de manera que nuestro Estado no será democrático si no garantiza el respeto al Derecho. Ni es lícito contraponer principio democrático con principio de legalidad, ni admisible que una autoridad pública invoque su origen democrático para infringir la ley”.