El magistrado de la Sala Civil y Penal que instruye el procedimiento abierto contra Borràs y otros investigados por presuntos delitos de prevaricación, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos, ha aceptado la petición para ampliar el plazo.

El abogado de Borràs, Gonzalo Boye, esgrime en su escrito su intención de incluir una prueba pericial informática, para lo que necesita “dar traslado del material informático en diversos soportes digitales” que no se entregaron al magistrado.

De igual modo, la expresidenta del Parlament solicitó al juez que reclamara a los Mossos d'Esquadra documentación que por el momento no ha sido incorporada al sumario, pero en este caso la petición ha sido denegada, puesto que ya no es posible hacer incorporaciones en este momento del procedimiento. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya ha abierto juicio oral contra Borràs, por lo que la instrucción está cerrada.

La Fiscalía pide para Borràs seis años de prisión y 21 de inhabilitación y multa de 144.000 euros por fraccionar en 18 contratos menores una serie de adjudicaciones del ILC a un amigo suyo, Isaías Herrero, que también está procesado esta causa. El monto total de los contratos sumaba más de 335.000, para el adjudicatario, el ministerio público pide la misma pena y multa de 72.000 euros.