Los citados son Celestino Díez Padilla, Germán Ruiz López, Alfonso Jonquera y José Luis García Palacios, quienes deberán comparecer los días 7 y8 de noviembre, con el fin de que esclarezcan si las sociedades que administran o representan son propiedad de Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Según explicaron a Servimedia fuentes jurídicas, Germán Ruiz López y Celestino Díez Padilla son el apoderado y el consejero delegado, respectivamente, de la sociedad Dehesa de Juan Esteban, así como representantes de Rialar 95, empresas vinculadas con Manuel Prado y que fueron embargadas con carácter preventivo por auto de 24 de julio.

Según las mismas fentes, José Luis García Palacios es "administrador solidario" de la sociedad mercantil María Luisa Explotaciones Agropecuarias, que en su día compró diversas fincas a Dehesa de Juan Esteban. Por su parte, Alfonso Jonquera fue representante de Offington Limited en la constitución de Rialar 95.

En ese mismo auto, con fecha de 17 de octubre, la juez explica que estas cuatro personas deben "clarificar la relación jurídica y económica de personas varias con diversas propiedades" que, según la acusación, esán vinculadas con Manuel Prado.

MAS EMBARGOS

Por otra parte, en dicho auto, la juez decreta el embargo preventivo de un piso y dos plazas de garaje que la sociedad Rialar 95 tiene en Madrid.

Además, Palacios ha decretado también el embargo de las participaciones de las sociedades Toro de la Plaza S.L. y Toros de Jarrama S.L., participadas ambas por Dehesa de Juan Esteban, según explicaron a Servimedia fuentes jurídicas, y de las que es administrador único Celestino Díez Padilla.

Por último Palacios instructora del "caso Torras-KIO" requiere a las sociedades Rialar 95, Dehesa de Juan Esteban y Centurius S.A. que aporten a su juzgado "libros de actas de su junta general, libro de inventario y cuenta anuales; contabilidad completa, incluyendo el diario mayor, libros auxiliarares, libro de registro de acciones nominativas", así como "todas las cuentas banacrias relacionadas con la sociedad" y sus correspondientes extractos de movimientos.

Asimismo, la juez pide a estas empresas que le entrguen "las correspondientes liquidaciones de impuestos de la sociedad y la relativa a las sociedades Toro de la Plata S.L. y Toros de Jarrama S.L.".

La juez ha tomado estas medidas a instancias del los abogados del Grupo Torras, con el apoyo del fiscal anticorrupción encargado del caso, Salvador Viada, "con el fin de garantizar las responsabilidades civiles a que en su día pudiera ser condenado el imputado", así como para cubrir la fianza de 2.000 millones de pesetas que se le impuso en enero de 1998. Manuel Prado y Colón de Carvajal fue propietario al 100 por 100 de las sociedades Rialar 95 S.L. y Dehesa de Juan Esteban S.A. hasta 1998.

Además, el empresario reconoció en su día ante la juez "el dominio sobre las sociedades por las que fue interrogado", así como que continuaba relacionándose "con las personas que siguen figurando como administradores" de las sociedades Rialar 95 S.L. y Dehesa de Juan Esteban S.A.

Manuel Prado está imputado en el "caso Torras-KIO" por su presunta participacón en la denominada "Operación Wardbase". El fiscal solicita para el empresario un total de 4 años y dos meses de cárcel por un delito de apropiación indebida, consistente en haber cobrado presuntamente del Grupo Torras 1.900 millones mediante una factura falsa.

En el "caso Torras-KIO", la juez investiga la desaparición de varios miles de millones de pesetas del Grupo Torras, en la que también está implicado supuestamente el empresario catalán Javier de la Rosa.