En un escrito fechado el pasado 20 de diciembre, el empresario Javier de la Rosa pide a la juez que reduzca de 450 a 300 millones de pesetas la "inmantenible" fianza que se le impuso en su día para eludir la prisión.

Los abogados de De la Rosa argumentan que "ha sido realmente duro, y lo sigue siendo, afrontar una fianza de la que personalmente no puede responder" su cliente y hacen hincapié en la "desesperación" en la que se encuentrn el empresario y su familia.

Asimismo, explican que De la Rosa se encuentra ahora con que dos de las entidades que le avalaron para hacer efectiva la fianza de 450 millones de pesetas, la Caja General de Ahorros de Granada y el Banco Zaragozano le reclaman los 100 y los 50 millones que le prestaron, respectivamente.

Los letrados señalan que, aunque se trata de una "cantidad importantísima de la que (De la Rosa) no dispone y que va a ser muy difícil mantener", una fianza de 300 millones de peseta serviría para garantizar la presencia del empresario en el procedimiento.

Tras afirmar que otros imputados en el "caso Torras-KIO" tienen fianzas no superiores a 50 millones de pesetas, los abogados de De la Rosa señalan que éste, a lo largo de los últimos años, se ha puesto a disposición de la justicia, ha solicitado declarar ante la juez de forma voluntaria, lleva más de 6 años sin salir del país y ha pasado un año y medio en prisión preventiva. "Debería haber un trato más igualitario entre imputads", señalan los abogados.

FOLCHI TAMPOCO TIENE DINERO

Por su parte, otro de los imputados en este caso, el ex asesor jurídico de KIO Juan José Folchi, también ha solicitado a la juez Teresa Palacios que reduzca de 150 a no más de 30 millones de pesetas la fianza que se le impuso en febrero de 1997 para eludir la prisión provisional.

En un escrito fechado el pasado 18 de diciembre, los abogados de Folchi, al igual que los de De la Rosa, argumentan que su cliente se ve en la obligación de devolve a algunas de las personas que le ayudaron el dinero que éstas le prestaron para hacer efectiva la fianza.

Además, señalan que "son varios los imputados para los que se solicita una responsabilidad penal y penológica superiore a la que se pide para Folchi [...] o bien se hallan en situación de libertad sin fianza, o bien la fianza en su día acordada es muy inferior a la fijada" para el ex asesor jurídico de KIO.

En este sentido, sostienen que otros imputados tienen una fianza no superior a los 30millones de pesetas, razón por la que solicitan a la juez que la cantidad exigible a Folchi para eludir la prisión provisional sea similar.

La juez instructora del "caso Torras-KIO", Teresa Palacios, ha solicitado al fiscal Anticorrupción encargado de la causa, Salvador Viada, y al resto de las acusaciones que le den su opinión sobre la solicitud de De la Rosa y de Folchi.

En junio de 1999, la juez Palacios decretó la libertad bajo fianza de 5.000 millones de pesetas para De la Rosa, a quien impuó por un presunto delito de apropiación indebida de hasta 30.000 millones de pesetas, procedentes de las empresas kuwaitíes de las que era el máximo responsable en España. La cantidad impuesta fue reducida a 500 millones de pesetas por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en enero del año 2000.

Por su parte, la fianza de 150 millones de pesetas impuesta a Folchi está relacionada con la presunta implicación del ex asesor jurídico de KIO en la denominada "Operción Icsa-Inpacsa", en la que también etá supuestamente implicado De la Rosa.

Por su presunta participación en la "Operación Icsa-Inpacsa", el fiscal Anticorrupción encargado del caso, Salvador Viada, les acusa de apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad continuada, por lo que pide para De la Rosa un total de 18 años de cárcel, mientras que para Folchi solicita 12 años de prisión, además de una multa de 6 millones de pesetas para cada uno de ellos.

En el "caso Torras-KIO", la titular del JuzgadoCentral de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, investiga la desaparición de unos 70.000 millone de pesetas de Torras-KIO mediante diversas operaciones financieras, como Icsa-Inpacsa, Croesus o Wardbase.