Según las mismas fuentes, De la Rosa, imputado en el caso, presentó en su día una declaración por escrito y la juez Palacios quiere que el empresario ratifique el contenido del mismo ante ella.

Por otra parte, durante las jornadas de mañana y del miércoles declararán como testigo cuatro personas que forman parte de empresas vinculadas con el empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, imputado en el "caso Torras-KIO", según confirmaron hoy fuentes jurídicas.

Los citados son Celestino Díez Padilla, Germán Ruiz López, Alfonso Jonquera y José Luis García Palacios, quienes deberán comparecer los días 7 y 8 de noviembre, con el fin de que esclarezcan si las sociedades que administran o representan son propiedad de Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Según explicaron a Servimeda fuentes jurídicas, Germán Ruiz López y Celestino Díez Padilla son el apoderado y el consejero delegado, respectivamente, de la sociedad Dehesa de Juan Esteban, así como representantes de Rialar 95, empresas vinculadas con Manuel Prado y que fueron embargadas con carácter preventivo por auto de 24 de julio.

Según las mismas fuentes, José Luis García Palacios es "administrador solidario" de la sociedad mercantil María Luisa Explotaciones Agropecuarias, que en su día compró diversas fincas a Dehesa de uan Esteban. Por su parte, Alfonso Jonquera fue representante de Offington Limited en la constitución de Rialar 95.

La juez instructora del "caso Torras-KIO" quiere que estas cuatro personas clarifiquen "la relación jurídica y económica de personas varias con diversas propiedades" que, según la acusación, están vinculadas con Manuel Prado, quien fue propietario al 100 por 100 de las sociedades Rialar 95 S.L. y Dehesa de Juan Esteban S.A. hasta 1998.

Además, el empresario reconoció en su día ante a juez "el dominio sobre las sociedades por las que fue interrogado", así como que continuaba relacionándose "con las personas que siguen figurando como administradores" de las sociedades Rialar 95 S.L. y Dehesa de Juan Esteban S.A.

Manuel Prado está imputado en el "caso Torras-KIO" por su presunta participación en la denominada "Operación Wardbase". El fiscal solicita para el empresario un total de 4 años y dos meses de cárcel por un delito de apropiación indebida, consistente en haber cobrado presunamente del Grupo Torras 1.900 millones mediante una factura falsa.

En el "caso Torras-KIO", la juez investiga la desaparición de varios miles de millones de pesetas del Grupo Torras, en la que también está implicado supuestamente el empresario catalán Javier de la Rosa.