En un auto al que tuvo acceso Servimedia, Palacios acusa a De la Rosa por los delitos de apropiación indebida, falsedad, estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas cometidos en las operaciones Icsa-Ipacsa y Croesus.

La juez acusa también por estas dos operaciones a Jorge Núñez Laso de la Vega, ex responsable del Grupo Torras en España, y a los siguientes ex cargos directivos de esta empresa: Juan José Folchi, asesor jurídico; Plinio Coll, asesor de auditoría; Richard Robinson, Manuel Guasch y José María Sot Casas, consejeros; Miguel Soler Sala, director de administración; Michael Smurfit, presidente del grupo irlandés del mismo nombre, y Bruce Dawson, ex director general de KIO y vicepresidente sgundo de Torras.

Por la operación Icsa-Inpacsa, la juez imputa los delitos de apropiación indebida, falsedad, estafa y maquinación para alterar el precio de las cosas a De la Rosa, Núñez Laso, Guasch y Bruce Dawson.

De los delitos de apropiación indebida, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas, Palacios acusa a Robinson, Folchi y Coll.

La juez Palacios imputa a Smurfit apropiación indebida y estafa, delitos de los que también acusa a Sala y a Sot, procesados además por fasedad.

La juez instructora del "caso Torras-KIO" ratifica la libertad provisional bajo fianza para De la Rosa, Folchi, Coll y Dawson. Asimismo, impone a los 10 acusados una fianza de 7.782.300.000 pesetas "para asegurar las responsabilidad pecuniarias que pudieran imponérseles".

Por la operación Croesus, la juez acusa de apropiación indebida y falsedad a De la Rosa, Soler Sala, Robinson y Núñez Laso, mientras que a Coll le imputa sólo falsedad.

ICSA-INPACSA

La operación Icsa-Inpacsa comenz con en 1987, cuando el Grupo Torras vendió en 1987 la sociedad Icsa a Inpacsa por valor de 1900 millones de pesetas, precio muy inferior a su valor.

Simultáneamente, el Grupo Torras vendió en Bolsa un 45% de Inpacsa, lo que tuvo una gran aceptación en el mercado de valores, dado que Icsa tenía un valor real muy superior a la cantidad que Inpacasa pagó por ella.

En abril de 1988, el Consejo de Administración de Inpacsa acordó la venta a la sociedad Croesus de Icsa por 4.200 millones de pesetas, u precio inferior a su valor real pero superior al que pagó un año antes la compañía.

Paralelamente, los administradores de Inpacsa iniciaron un proceso de subasta interno de Icsa, con la finalidad de lucrarse con la reventa de esta compañía papelera. La diferencia final entre los 4.200 millones de pesetas que pagó Croesus y los 12.000 millones que obtuvieron finalmente fue desviada a las cuentas corrientes particulares de los imputados o de personas que mantienen relación de parentesco con ellos.

CRESUS

La operación Croesus se remonta al 1 de junio de 1988, cuando una sociedad de KIO trasfiere en favor de varias personas la cantidad de 27,4 millones de dólares. En el mes de septiembre de 1989 se finge un préstamo de Torras Hostench London a la sociedad Croesus por importe de 25 millones de dólares, dinero que en realidad se envió a otra parte.

Croesus nunca devolvió el préstamo y el Grupo Torras acabó asumiendo su importe sin obtener contraprestación alguna a cambio de dicho desembolso, en na época en la que cotizaba en Bolsa y tenía un importante número de accionistas minoritarios ajenos a esta operación.

DELITOS Y PENAS

Por la operación Icsa-Inpacsa, el fiscal considera que De la Rosa es responsable de un delito de falsedad en documento mercantil, otro de apropiación indebida y otro de maquinación para alterar el precio de las cosas, por lo que solicita 19 años de prisión y 6 millones de multa.

El fiscal también acusa a Jorge Núñez, consejero delegado del Grupo Torras y presidete de Torraspapel, de un delito de falsedad, uno de apropiación indebida y uno de maquinación para alterar el precio de las cosas, por lo que solicita para él un total de 19 años de prisión y una multa de 6 millones de pesetas.

Viada acusa también de apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad continuada a Guasch, Robinson, Coll y Folchi, por lo que pide un total de 17 años de prisión cada uno de ellos, excepto para el ex asesor jurídico de Torras, para quien solicta un total de 12 años y un día de cárcel. Además, exige que cada uno de ellos pague una multa de 6 millones de pesetas.

Para el resto de los acusados en la operación Icsa-Impacsa, el fiscal pide 6 años y un día de cárcel por apropiación indebida para Michael Smurfit, así como 2 años y cuatro meses de prisión y multa de 100.000 pesetas tanto para Sot Casas como para Soler Sala, acusados de apropiación indebida y falsedad.

Por la operación Croesus, el fiscal considera que De la Rosa es responsablede un delito de apropiación indebida y otro de falsedad, por lo que solicita 9 años de prisión y una multa de un millón de pesetas.

Para el otro acusado por la operación Croesus, Soler Sala, el fiscal Viada pide 4 años de prisión y una multa de un millón de pesetas, por considerarlo responsable de un delito de falsedad.