Así lo recoge el informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales, hecho público este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). No obstante, el CGPJ señaló que, como consecuencia de la huelga de letrados de la Administración de Justicia, ha sido necesario realizar estimaciones ante la ausencia de datos de nueve juzgados, y permanecen en revisión de errores los de otros 20 órganos judiciales.

El aumento de la actividad jurisdiccional es consecuencia del incremento que, durante el pasado año, experimentaron los asuntos de nuevo ingreso en los órdenes Civil y Penal. En la jurisdicción Civil, se registraron 2.806.650 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento interanual del 8,5% respecto al año anterior. En esta jurisdicción se resolvieron 2.636.000 asuntos, un 1,9% más que en 2021, y quedaron en trámite 1.915.339, un 9,8% por ciento más que al final del año anterior.

El ingreso de nuevos asuntos aumentó un 6,6% en la jurisdicción Penal, en la que el número de causas registradas durante 2022 ascendió a 3.216.919. Los órganos judiciales de esta jurisdicción resolvieron 3.167.765 asuntos, un 3,6% más respecto al ejercicio anterior, quedando en trámite 892.023 asuntos, un 9,1% más.

EXCEPCIÓN A LA BAJA

En los órdenes Contencioso-Administrativo y Social la tendencia fue la contraria. En el primero de ellos, durante 2022 se registraron 219.265 asuntos, lo que supuso una disminución del 2,4% en relación con el año anterior; se resolvieron 223.686 asuntos, un 0,4% menos, y quedaron en trámite a final de año 219.173 asuntos, un 0,8% menos.

En la jurisdicción Social el número de asuntos de nuevo ingreso (439.583) sufrió un decremento interanual del 1,4%. También mostraron una disminución, del 5,1%, los asuntos resueltos, que sumaron 431.068, así como los asuntos pendientes, que en total fueron 367.136, un 1,3% menos que en 2021.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue de 140,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (181), Andalucía (149,6), Asturias (145,4), Madrid (145,2), Murcia (144,8), Cataluña (144,6), Baleares (142,3) y Comunidad Valenciana (141,3).

Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (101,7), País Vasco (105,3) y Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra (113,5).