Así lo refleja el informe elaborado por el Servicio de Inspeccion del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la situación que presentan los juzgados penales de ejecutorias en toda España, hecho público hoy.

Este documento ha sido realizado a raíz del "caso Mari Luz", la niña cuyo presunto asesino, Santiago del Valle, se encontraba en libertad debido a un error en la ejecución de una sentencia contra él.

La conclusión del Servicio de Inspección del CGPJ es contundente: es necesario "implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener la plena normalización de estos órganos, a fin de adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin dilaciones indebidas".

Por comunidades autónomas, el mayor atasco lo presentan los juzgados de Cataluña, con más de 56.000 resoluciones pendientes de ejecución, seguido de la Comunidad Valenciana, con 40.000, y de la Comunidad de Madrid, con más de 37.500 sentencias sin ejecutar.

CONTROL INFORMÁTICO

El informe subraya que una de las carencias más significativas que presentan los juzgados penales es "la ausencia de un sistema informático propio que permita controlar las distintas fases procesales de los procedimientos". "Se considera necesaria e imperiosa su pronta implantación", concluye el Servicio de Inspección.

El Servicio de Inspección del CGPJ señala como causas de estos retrasos generalizados la "elevadísima" movilidad funcionarial -que provoca que en los juzgados haya un gran número de personal interino-, la falta de experiencia del personal adscrito en el orden jurisdiccional penal, así como cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad.

Por otra parte, el informe también destaca que el equipo rector de cada uno de los juzgados analizados, constituido por un único magistrado y un único secretario judicial, es "claramente insuficiente, dado el volumen medio de ejecutorias atribuido a cada funcionario y al propio número de funcionarios de cada órgano".

Esta situación conlleva, añade el informe, "una carga de trabajo para el magistrado y el secretario judicial a todas luces inabarcable".

SOLUCIONES PROPUESTAS

A la luz de estos datos y de las carecencias reveladas, el Servicio de Inspección del CGPJ hace una serie de recomendaciones al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia para combatir el atasco en los juzgados de lo penal.

La primera recomendación es que se adopten "las medidas pertinentes" para cubrir las plazas interinas de los juzgados con personal titular, y que se facilite la formación necesaria al personal interino restante que permita "el desarrollo de su trabajo con la calidad y garantía exigible".

Por otro último, el Servicio de Inspección propone al Ministerio y a las comunidades autónomas con competencias "la creación e implantación de un sistema informático de gestión procesal propio".