No obstante, las entidades bancarias que se vieran afectadas por este tipo de estafa, podrían llevar a cabo las "acciones que le asistieran" en su defensa.

Así consta en el fallo de la sección 10 de la Audiencia Provincial de Madrid que obliga a Caja Madrid a reintegrar a una cliente 10.000 euros, tras un recurso presentado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC).

Ésta es la cantidad a la que ascendían los cargos que, de forma fraudulenta, realizó quien le sustrajo la tarjeta a la cliente afectada.

Sin embargo, la firma de los justificantes de compra que motivaron los cargos no era la que aparecía en el reverso de la tarjeta, dato que esgrimió Caja Madrid en su defensa, para culpar al comerciante del mal uso de la tarjeta.

El banco argumentó que eran los establecimientos comerciales donde se efectuaron los cargos quienes tenían la obligación de comprobar la firma en el momento de la compra sin que existiera responsabilidad alguna para la entidad emisora.

Sin embargo, la sentencia afirma que la entidad bancaria debe asumir la reclamación efectuada frente a los posibles fallos del sistema y no transladarle a la titular de la tarjeta "el riesgo por el uso indebido y fraudulento de la tarjeta por otras personas".

Con motivo del fallo, Ausbanc denunció la "creciente inseguridad de un sistema muy extendido en España" y exigió una mayor inversión por parte de los medios emisores de plásticos para "introducir un sistema de identificación más moderno y seguro".

Además, la asociación facilitó un "Décalogo para evitar riesgos con las tarjetas" en el que aconseja a sus clientes normas básicas como memorizar el número secreto de la tarjeta, no firmar documentos de cargo en blanco o no firmar la tarjeta para evitar que ésta pueda servir de modelo para posibles falsificaciones.