Asimismo, la sentencia recoge una inhabilitación especial para el derecho a cazar durante cuatro años e impone el pago de 114.158 euros a la Junta de Extremadura por los perjuicios económicos que ha ocasionado la pérdida de este lince.

Además, condena a un entonces trabajador de la finca en la que ocurrieron los hechos como autor penalmente responsable de un delito de encubrimiento, concurriendo la circunstancia atenuante de confesión, a la pena de un año y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2019 en una finca propiedad del acusado en el término municipal de Don Benito. Tras abatir al animal, habría solicitado a este trabajador que recogiera el cadáver y lo enterrara fuera de la linde. La sentencia considera probado que disparó con la intención de causar la muerte a un ejemplar de lince que se aproximó a una jaula del reclamo de perdiz macho.

En el cadáver del animal fueron localizados unos 80 proyectiles de cartucho en la región craneal, región torácica, extremidades anteriores y menos cantidad en la región caudal y extremidades posteriores.