En línea con la Fiscalía, el juez considera que no es el momento de entregar los restos mortales del expresidente africano hasta que no hayan conclusiones definitivas de la autopsia, puesto que aunque el informe provisional de los forenses apunta a una muerte natural, existían amenazas contra Dos Santos y se debe adoptar una postura prudente que impida la perdida de posibles pruebas.

La sospecha de que el expresidente pudo ser asesinado en su domicilio de Barcelona parte de un de sus hijas, Tchizé. La justicia española considera que en este caso deber primar las garantías de una investigación procesal de los hechos sobre el de la familia que reclama el cadáver.

Será el Institut de Medicina Legal de Barcelona el que mantendrá la custodia del cadáver del expresidente angoleño, que vivía en la capital catalana desde que se exilió en 2017, hasta que se recaben los resultados de las pruebas acordadas por el juzgado. Sólo después se entregará el cadáver a la familia.

La parte de la familia que sospecha sobre las causas de la muerte, esgrime que Dos Santos regresó a su país en septiembre de 2021, momento en que su salud se deterioró rápidamente, pasando de ser una persona autónoma a quedar postrado en silla de ruedas e incapacitado para valerse por sí mismo.

De vuelta a Barcelona, fue tratado e la Clínica Teknon y mejoró. Pero tuvo una nueva recaída coincidiendo con la visita de su segunda exmujer, Ana Paula, que participó en el fin de su mandato y tiene vínculos con el actual gobierno angoleño. Los familiares denuncian también que se apartó al equipo de médicos españoles y que se impidieron las visitas.