Este traspaso está recogido en el pacto de Estado que el PSOE ha propuesto al Gobierno para despolitizar la justicia, mediante un aumento de las garantías de los acusados, un mejor control de los jueces y un incremento de su presupuesto, entre otros aspectos.

"En este momento, y con este Ministerio Fiscal, tal y como está concebido en nuestra legislación, no se puede dejar la instrucción judicial a cargo del Ministerio Fiscal", djo Tardón.

En cuanto a una regulación más estricta del ejercicio de la acción popular, Tardón advirtió que ésta constituye un derecho amparado por la propia Constitución, por lo que difícilmente se pude restringir.