Según informó hoy el Ministerio de Fomento en un comunicado, el Tribunal considera que la prestación de servicios regulares de cabotaje marítimo puede someterse a la obtención de una autorización administrativa previa, siempre que exista una necesidad de servico público y que la autorización sea objetiva y no discriminatoria.

Asimismo, confirma que el otorgamiento y el mantenimiento de una autorización administrativa puede condicionarse a la exigencia de estar al corriente del pago de deudas tributarias o de la seguridad social.

Finalmente, el Tribual de Justicia de la Comunidades Europeas entiende que la Administración puede celebrar contratos de servicio público con empresas navieras para prestar servicios de cabotaje marítimo, además de mantener el égimen de autorización administrativa.