Justicia informó este jueves de que ha adoptado estas medidas de manera conjunta y en cogobernanza con el CGPJ. Tanto la aprobación de nuevos refuerzos, como la retirada de estos, se han realizado con el acuerdo del Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces y en virtud de las nuevas necesidades que se prevén para los juzgados en el ejercicio 2022.

En 2021 se destinaron 10.893.475 euros para reforzar el Poder Judicial. En este sentido, Justicia destinó este montante a refuerzos de naturaleza jurisdiccional, consistente en la designación de jueces y magistrados, para ejercer funciones jurisdiccionales, como refuerzo en órganos judiciales.

Los refuerzos de naturaleza jurisdiccional contaban con refuerzos de carácter ordinario, a los que se destinaron 7.080.281 euros; y refuerzos para hacer frente a los efectos causados por la pandemia de la Covid-19, con 3.813.193 euros.

Por otro lado, también se destinó parte del presupuesto 2021 en refuerzos no jurisdiccionales, consistentes en la designación de letrados de refuerzo del Gabinete Técnico del Supremo, 12 en concreto.

Se estima que al final del ejercicio 2022 Justicia habrá hecho una inversión de más de 13 millones de euros para reforzar el Poder Judicial. Se prevé que, a partir del próximo 30 de junio, una vez finalizada la moratoria concursal, la jurisdicción mercantil y los juzgados de primera instancia, tendrán una carga mayor de trabajo, para los que se ha previsto destinar los casi tres millones de euros restantes del presupuesto global.

Por otro lado, este jueves se han reunido el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, y presidente de la Sala Tercera del Supremo, César Tolosa.

En el encuentro, Olmedo mostró la firme disposición del Ministerio de Justicia “de acometer cuantas reformas procesales sean necesarias para mejorar el funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales y, muy singularmente, del Supremo, atendida la relevante función que presta”. El secretario general trasladó a Tolosa la voluntad del Ministerio de que las reformas propuestas se incorporen mediante enmiendas al proyecto de ley de Eficiencia Procesal.

REFUERZOS

Asimismo, Olmedo manifestó que Justicia comprende las dificultades que generará a la Sala Tercera la tramitación y resolución de esa bolsa enorme de asuntos de responsabilidad patrimonial que le ha referido el presidente, mostrándose favorable a las medidas de refuerzo propuestas por la Sala Tercera consistentes en la dotación de tres letrados coordinadores, con la categoría de magistrado, que se hagan cargo de las labores de gestión y auxilio técnico a la sección de enjuiciamiento correspondiente.

Además, el secretario general también comunicó a Tolosa que el Ministerio “está trabajando en una reforma legislativa que acabe con la situación de diferencia retributiva que, desde la reforma del año 2015, sufren los letrados coordinadores del TS en función del cuerpo de procedencia”.

Olmedo destacó, además que, desde 2015, cuando se destinaron 3,3 millones de euros a refuerzos, el gasto para este fin se ha ido incrementando progresivamente, hasta haberse triplicado en los últimos dos años, y haber alcanzado ese mismo nivel tan solo en el primer semestre de 2022, suponiendo un "gran esfuerzo" presupuestario por parte de Justicia.

A la reunión también asistieron el subdirector general de Servicios Contenciosos de la Abogacía del Estado, Luis González; el director del gabinete Técnico del TS, Juan Manuel San Cristóbal; el secretario de Gobierno del TS, Ángel Tomás Ruano; el letrado coordinador del Área Contencioso-administrativa, Pedro Escribano; y una Asesora del Ministerio de Justicia.