El Ejecutivo catalán se encarga desde esta fecha de realizar las incorporaciones de los objetores de conciencia, y se hace cargo del control de las entidades colaboradoras de la prestación social, en virtud de un convenio suscrito con el Ministerio de Justicia el pasado mes de junio, según informó este departamento.

Mariscal de Gante señaló que desde que el Ministerio y la Generalitat comparten la gestión de la PSS "lacolaboración es muy extensa", y apuntó que la comisión mixta para el seguimiento de las actuaciones ya se ha reunido una vez, con lo que "los instrumentos de control establecidos funcionan adecuadamente".

La Ley Reguladora de la Objeción de Conciencia y la Prestación Social Sustitutoria, aprobada en 1998, prevé la posibilidad de cebrar convenios entre Justicia y las comunidades autónomas para colaborar en la gestión e inspección de la PSS.