Así, la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid determina que la venta de 1.860 viviendas públicas al fondo de inversión Fidere realizada en 2013 fue legal en contra de lo defendido por los inquilinos de los pisos, que esgrimían irregularidades, venta por debajo de los precios de mercado y cambios sustanciales en sus contratos de alquiler, de manera que se les subió el precio y algunos tuvieron que abandonar su casa.

Sin embargo, el tribunal entiende que no hubo “perjuicio directo para los inquilinos, ya que continuaron con su situación legal en sus contratos de alquiler con Fidere” y que la transacción fue legal. Este es uno de los muchos recursos legales que usaron los vecinos para defenderse del cambio de condiciones con sus nuevos caseros. En este caso, la vía penal, absuelve a los responsables, aunque la decisión puede ser recurrida al Tribunal Supremo.

La vía civil les ha dado mejores resultados puesto que el pasado año, la Audiencia Provincial reconoció que se habían vulnerado sus derechos y que podían ejercer el derecho de compra de esas viviendas al mismo precio que lo había hecho el fondo y, por lo tanto, muy por debajo del valor de mercado.

El tribunal sostiene que la acusación ejercida por los vecinos, por una parte, y por el PSOE, por otra, carece de sustento probatorio "suficiente" para condenar a los dos acusados y además les echa un rapapolvo al advertir "si la acusación, sabiendo que su pretensión carecía de apoyo probatorio suficiente, ocultó de alguna forma esa realidad con la finalidad de que los órganos judiciales recibieran una impresión no correspondiente con ella, sometiendo a los acusados, de manera fraudulenta, a una situación procesal no justificada".

En este procedimiento no se juzgaba a los responsables políticos de la venta. La exalcaldesa Ana Botella declaró en calidad de testigo y defendió el fin social de la transacción y su legalidad. "Se respetaron todos los derechos de los arrendatarios", afirmó.

Además, el caso fue también analizado por el Tribunal de Cuentas, que en un primer momento dictó una condena contra a Botella y siete altos cargos de su gobierno, pero que al final el proceso acabó en absolución. El tribunal les condenó a pagar 25,7 millones de euros por la venta de viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone a un precio por debajo de mercado, pero la Sala de Enjuiciamiento revocó el fallo tras analizar el recurso de los condenados.

La absolución se acordó por dos votos contra uno, los de dos consejeros propuestos por el PP: la que fuera ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, y José Manuel Suárez Robledano. El voto en contra fue de Felipe García, consejero propuesto por el PSOE.