El tribunal considera que los gastos en los que incurrió Álvarez-Cascos eran conocidos por la directiva de su partido. Además, el político no tenía acceso directo a los fondos, por lo que no podía disponer de ellos arbitrariamente. Igualmente, la sentencia considera que no ha quedado probado que vulnerase la confianza en la gestión de los recursos del partido. Así, la justicia concluye que los fondos nunca estuvieron en poder directo del acusado, ya que los pagos se realizaban tras ser aprobados por otras personas.

El sistema de gestión interna del partido permitía el pago de ciertos gastos que hoy se cuestionan, pero que en su momento fueron aceptados sin objeción, indica la sentencia. El tribunal acreditó que Álvarez-Cascos ocupó diversos cargos en Foro de Ciudadanos y que el partido le cubría determinados gastos, incluyendo viajes, comidas, hospedajes, alquileres y otros pagos personales.

El sistema de control del partido permitía que estos gastos fueran revisados y autorizados sin que el acusado tuviera acceso directo a las cuentas bancarias ni tarjetas de crédito del partido. Entre los gastos realizados por Álvarez-Cascos destacan pagos en restaurantes, hoteles y transportes, entradas para eventos como la Copa Davis o el Circo del Sol, gastos de mantenimiento de vehículos, alquiler de una oficina en Madrid o compra de ropa y artículos personales.