Así, manifestó hoy en el Parlamento regional, donde compareció a iniciativa propia, que este tipo de proyectos es posible realizarlos legalmente porque "lo permite la Ley Estatal del Suelo de 1998 y sus posteriores modificaciones, todas ellas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular, que vienen a decir que todo suelo que no esté protegido por motivos ambientales, agrícolas, culturales o de otra índole es potencialmente urbanizable".

En este sentido, Gil afirmó que la legislación vigente en materia de urbanismo dispone que los PAU sean tramitados y aprobados por los ayuntamientos y que el papel que juegue la comunidad autónoma sea el de "informar, con anterioridad a la aprobación municipal, si se cumple o no la legalidad, y registrar administrativamente el Programa de Actuación, una vez que la corporación lo ha aprobado con arreglo a las condiciones planteadas por la Consejería de Vivienda y Urbanismo".

"Esto es lo que ha hecho esta Administración regional, siempre contando con los informes técnicos correspondientes", puntualizó.

El consejero recordó que el Ayuntamiento de Seseña presentó por primera vez el citado PAU de "El Quiñón" en noviembre de 2002 y que no fue hasta el 23 de junio de 2004, tras varios informes de su departamento alertando de numerosas deficiencias o reparos, cuando obtuvo el visto bueno definitivo para proceder a su registro, "es decir, 568 días después".

Gil comparó este tiempo con el que se tarda en tramitar "un PAU de media en la provincia de Toledo, que es de 346 días".

En dichos documentos, la Consejería consignaba tres condiciones que debía cumplir el PAU. La primera era que se presentase y aprobase, con carácter previo, un Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que garantizase los servicios básicos para esa actuación en materia de abastecimiento de agua, de saneamiento, de electricidad y de accesos a las vías de comunicación cercanas.

La segunda condición era que las previstas 13.508 viviendas "no se construyeran de golpe", sino atendiendo a un Plan de Etapas que evitara que la totalidad de lo pisos se finalizara antes del año 2017.

El tercer requisito era que todas las infraestructuras fueran costeadas por el promotor y los propietarios del suelo, en la proporción señalada por la normativa vigente.

"El Gobierno regional otorgó el informe favorable definitivo una vez cumplidas estas premisas y garantizadas las reservas de suelo para los espacios libres, las zonas verdes y los equipamientos públicos necesarios, lo cual se produjo 568 días después de la presentación del PAU por primera vez por parte del Ayuntamiento", matizó Gil.

EXTRAÑEZA

Igualmente, mostró su extrañeza por la decisión del alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de acudir ante la Fiscalía después de haber concedido licencias de obra en "El Quiñón" para casi 5.100 viviendas, "de un modo bastante imprudente y sin que se hubieran aprobado antes los proyectos de urbanización para el abastecimiento de agua, para el saneamiento, el suministro eléctrico y los accesos, cuya aprobación debe ser previa al otorgamiento de dichas licencias y realizarse por el Ayuntamiento Pleno".

Asimismo, calificó de "singular" las "sospechas de actuaciones irregulares" lanzadas por Fuentes contra la Junta de Comunidades, cuando el propio edil, según Gil, llegó a indicarle por carta y textualmente que "las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería se habían ajustado a derecho".

De hecho, destacó como "llamativo" que el regidor municipal instara por dos veces a la Junta de Comunidades a "levantar la suspensión que ésta había decretado sobre el proyecto de "El Quiñón", por no cumplir las condiciones legales".

Para el consejero "todo esto prueba la actuación absolutamente incoherente del actual alcalde de Seseña, como reconocer, por ejemplo, que en el Pleno de 9 de octubre de 2003 iba a votar a favor de la aprobación del PAU y que al final no lo hizo por causas completamente ajenas al expediente".