En un comunicado, el Gobierno que preside Juan Carlos Rodríguez Ibarra lamenta que, "un año más y como suele ser habitual, Ecologistas en Acción vuelva a mentir con el único interés de ensombrecer la gestión del futuro parque nacional extremeño".

Explica que tanto la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura (8/1998) como la Ley de Caza de Extremadura (8/1990) establecen la posibilidad de cazar en los parques naturales por motivos biológicos o técnicos, siempre tras un informe favorable de los profesionales encargados de la gestión de esos espacios protegidos.

Estas acciones, a juicio de la Junta, "no pueden ser consideradas monterías y se autorizan con el fin de preservar el propio parque natural y para evitar los daños que puedan producirse, fundamentalmente en la vegetación, si no se realizan estos controles sobre las poblaciones de especies cinegéticas, una actividad conocida como caza sostenible que ha recibido el apoyo de colectivos como Adenex en el Consejo Asesor de Medio Ambiente".

La Junta explica que en el territorio de Extremadura, la ausencia de depredadores naturales como el lobo ibérico "hace necesarias las acciones cinegéticas controladas para evitar que especies como el jabalí o el ciervo alcancen poblaciones incontroladas que puedan provocar daño a la vegetación".

Por esto, año tras año, y después de los informes técnicos oportunos, se evalúan las situaciones de exceso de población y sus posibles daños al entrono, además de las acciones para combatirlas, agrega.

En ese sentido, el informe de este año, según señala,justifica la intervención puntual y controlada con el fin de reducir las poblaciones actuales.

"Todo ello para evitar que se llegue a situaciones poco deseables como, por ejemplo, que estas especies arrasen con la vegetación protegida de los espacios naturales o que las camadas más débiles mueran de inanición por la falta de alimento", concluye.