Una manifestación de la participación cada vez más activa de las mujeres en el medio rural es haberse convertido en copropietarios con sus cónyuges de la explotación agraria, lo que les permite cotizar a la Seguridad Social como medio para mejorar en el futuro su calidad de vida.

Reconocer el papel de las mujeres en el sector agrario facilitándoles su integración, exige encontrar la fórmula que les permita poder seguir contando con su explotación agraria como sustrato de la cotización a la Seguridad Social, una vez que su cónyuge ha cumplido los 65 años de edad y venía siendo beneficiario de las ayudas a planes de pensiones.

Con este objetivo se permitirá el aplazamiento de la cesión de la explotación por parte del beneficiario de las ayudas hasta que su cónyuge cumpla la edad de 65 años o se jubile anticipadamente.

Otra novedad importante que se incluye en el decreto es reconocer la validez de los periodos de cotización que haya realizado el solicitante de las ayudas a los sistemas de Seguridad Social o equivalentes de los países que tienen formalizado con España el correspondiente Convenio de Seguridad Social y que se sumarán a los cotizados en España en el momento de contabilizar los 25 necesarios para ser beneficiario de estas ayudas.

Con esta medida, la Junta contribuye al despliegue de la política de inmigración, posibilitando que los inmigrantes que puedan asentarse en el medio rural, como agricultores, puedan acceder a estas ayudas.

Las adaptaciones realizadas mejorarán la acogida a estas líneas de ayuda, que actualmente cuenta con 7.300 beneficiarios en toda la región y un presupuesto de 6.200.000 euros al año, y se incorporarán inmediatamente en la próxima convocatoria de ayudas que se publicará antes de finalizar este mes de junio.