El Ejecutivo de Castilla y León sostiene que "el coste de las decisiones tributarias del País Vasco no es asumido en exclusiva por los ciudadanos de ese territorio, sino que repercute en los de toda España".

El Gobierno regional ha argumentado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que las diputaciones forales carecen de "autonomía económica", un requisito imprescindible para que la UE considere legal la rebaja del Impuesto de Sociedades de la que disfrutan los empresarios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya desde hace años.

Las empresas asentadas en el País Vasco pagan el 28% de sus beneficios en concepto de Impuesto de Sociedades, cifra inferior al 30% que está vigente en las demás autonomías, explica la Junta.

Además, los vascos disfrutan de ventajas fiscales a la inversión que no existen en el resto de España, algo que, en opinión de la Junta, supone que las tres diputaciones forales hacen "un uso desleal de sus atribuciones fiscales, que atenta contra la libre competencia" y perjudica a Castilla y León.

Por ese motivo, el Ejecutivo regional presentó siete recursos contra estas prácticas, desde 1996, al que se suma el presentado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que, antes de pronunciarse, elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

El Gobierno autonómico alegó también que Castilla y León aportó al Estado, vía impuestos, una media del 4% de su PIB, entre 2002 y 2005 y "paradójicamente" el País Vasco, "en lugar de pagar, recibió una cantidad equivalente al 0,33% de su PIB".

Lo que significa que, a pesar de que Castilla y León tiene un Producto Interior Bruto por habitante inferior en un 25% al del País Vasco, contribuyó al sostenimiento del Estado, mientras que la comunidad vasca "no sólo no aportó, sino que acabó recibiendo recursos" del Gobierno central.

Por otra parte, el Gobierno de la Junta recordó que, en septiembre de 2006, el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal la rebaja sobre el Impuesto de Sociedades de la que disfrutaban las Islas Azores en perjuicio del resto de Portugal, una sentencia que consideraron como un precedente a su favor.