El afectado es Ricardo Abad, un ciego residente en Cullera (Valencia) que había sido designado para ejercer como presidente de mesa en las elecciones generales del 9 de marzo.

Debido a su discapacidad, Abad solicitó a la Junta Electoral de Zona, en un escrito remitido hace dos semanas, que le permitiera desempeñar las funciones de presidente de mesa apoyado por un asistente personal de su confianza, para que le ayudara en aquellas tareas que no pudiera hacer por sí mismo, como la lectura o la comprobación de documentos.

La Junta Electoral de Zona le denegó esta solicitud invocando un acuerdo de la Junta Electoral Central de fecha 29 de febrero de 2000, que establece que "la minusvalía física consistente en ceguera impide a la persona afectada por la misma el correcto desarrollo de las funciones encomendadas a los miembros de las mesas electorales, tales como identificación de los votantes, examen de las papeletas de votación y participación en el escrutinio y otras que exigen el conocimiento directo de distintos documentos, cuya adaptación al braille no está en la actualidad legalmente prevista".

La Junta Electoral de Sueca basa también su negativa en que la legislación electoral no contempla la posibilidad de que un miembro de mesa ejerza sus tareas, por razón de su discapacidad, ayudado por otra persona.

Ricardo Abad aseguró a Servimedia que se siente "totalmente discriminado" por esta decisión "injusta", y garantizó que luchará con todas sus fuerzas para que se corrija esta situación.

"La paradoja es que podría ser presidente del Gobierno pero no presidente de mesa", añadió Abad, quien explicó que hoy seguía sin recibir una respuesta satisfactoria a su petición.

Abad está seguro de poder desarrollar su labor de presidente con plenas garantías: "Estoy capacitado para desempeñar la labor con la máxima eficacia, para mantener el orden y velar para que todo se desarrolle correctamente. Mi discapacidad no me impide llevar mi trabajo y mi familia bien, con normalidad, como cualquier otra persona".

DERECHOS COMPROMETIDOS

En un comunicado, el Cermi consideró hoy que que esta decisión "compromete gravemente los derechos fundamentales" de Ricardo Abad, ya que por motivo de su discapacidad está recibiendo un trato menos favorable que otra persona sin discapacidad, lo que constituye una discriminación prohibida por la Constitución Española.

Además, agrega el comité, esta decisión vulnera la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

El Cermi se ha dirigido a la Junta Electoral Central pidiendo que se revoque el acuerdo del año 2000 que impide a las personas ciegas y con otras discapacidades ejercer como miembros de mesa electoral y que admita en estos supuestos la figura del asistente personal, con las garantías que sean necesarias.

La figura del asistente personal ha sido consagrada en los artículos 14 y 19 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia como medida de acción positiva, que define como "aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social".

El Cermi ha denunciado esta situación, reclamando su intervención urgente al Defensor del Pueblo y a la Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad.