Fuentes del Ejecutivo autonómico informaron de que esta mañana se ha recibido dicho primer requerimiento del Gobierno central, que remitió este domingo, sobre las 18.50 horas a la Comunidad después de que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, presentara el jueves pasado distintas medidas, como la asistencia psicosocial preferente, las ecografías para la escucha del latido fetal o las de cuatro dimensiones, para evitar los abortos.

Este lunes, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, informó en una declaración institucional que no se iba a obligar “a nada” ni a médicos, ni a mujeres embarazadas, que no se había actualizado el protocolo para estas pacientes, ni tampoco para la interrupción del embarazo. Además, aseguró que su gobierno no iba a promover y amparar coacciones a las gestantes.

Este martes, el Consejo de Ministros prevé aprobar un acuerdo para enviar un nuevo requerimiento de “incompetencia” a la Junta de Castilla y León, que abre la vía ante el Tribunal Constitucional, para que cese de forma inmediata en la aplicación de cualquier retroceso en los derechos de las mujeres. La Comunidad tendrá un mes para dar respuesta ya que de lo contrario el Gobierno prevé acudir al TC.