Tras la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla y León, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, informó sobre la decisión tomada mediante un acuerdo en el que se argumenta que no ha aprobado ninguna acción o norma en esta materia.

El Ejecutivo autonómico responde así al requerimiento aprobado este martes por el Gobierno de España ante las informaciones sobre las medidas de atención a las mujeres gestantes, que presentó hace una semana el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y que vinculó con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Fernández Carriedo recordó que esta decisión del Consejo de Gobierno se produce tras la carta remitida por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la ministra Carolina Darias, así como a la comparecencia del pasado lunes del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la que siguió el martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en las que negó cambios en el protocolo del aborto y que se fuera a obligar a actuar de una determinada manera a los sanitarios y mujeres.

TRES MOTIVOS

Fernández Carriedo explicó que la respuesta al Gobierno, que se enviará este jueves e irá acompañada del orden del día del Consejo de Gobierno anterior y el acta de la reunión, aprobada este jueves, detalla los tres motivos que llevan a la Junta a inadmitir el requerimiento, de acuerdo al informe de los servicios jurídicos de la Castilla y León.

De esta forma, el Gobierno autonómico argumenta para no aceptar el escrito del Consejo de Ministros la “inexistencia” del asunto al que alude en el conflicto de competencias que plantea en su actuación previa al recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, se señaló que se ha incumplido el “requisito” que obliga a especificar los preceptos, disposiciones, la resolución o el acto “viciado” por la incompetencia. “No existe acto alguno que impugnar”, sentenció.

A su vez, Fernández Carriedo sostuvo que en el requerimiento el Gobierno no discute la titularidad de la competencia que da origen al presunto conflicto constitucional y añadió que la mejora de las prestaciones sanitarias para “todas” las embarazadas forman parte del ámbito autonómico de decisión.

En definitiva, el portavoz indicó que no existe causa, no se ha justificado la ausencia de competencias para intervenir en la materia o la existencia de hecho o acto que impugnar que puedan ser objeto de requerimiento por parte del Gobierno. Por tanto, señala en un comunicado que la falta de presupuesto para la jurisdicción reservada al Tribunal Constitucional conlleva necesariamente la inadmisión del presente requerimiento.

PROPAGANDA

Por otra parte, el consejero portavoz reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez que busque con sus requerimientos una “controversia política” con la que “mantener en el tiempo” una situación de “conflicto público” entre administraciones, con el “único objetivo” de lograr beneficios políticos. Por ello, animó al Ejecutivo a “desistir” o cesar en la adopción de cualquier procedimiento en esta materia, una vez que se ha inadmitido el segundo requerimiento.

Fernández Carriedo acusó al Gobierno central de estar "estirando" el debate político sobre sobre este asunto y le volvió a pedir que “paralice” cualquier iniciativa judicial y sus declaraciones públicas, con las que aseguró pretende pasar de la “sobreactuación” a la “propaganda”.

En su opinión, utiliza los medios del Consejo de Ministros y el Gobierno para “atacar” a la Junta en vez de resolver un problema que preocupa a las mujeres como los efectos de la 'Ley del solo sí es sí’, que recordó ya ha rebajado las penas o ha puesto en la calle a 200 agresores sexuales.

Finalmente, censuró que el Gobierno se fije y ponga el “foco” en la Junta de Castilla y León, un gobierno autonómico que, destacó, es “leal” con la Constitución y mantiene una actitud “colaboradora” con el propio Ejecutivo central. Por ello, lamentó que actué con rapidez y de modo “preventivo” contra el gabinete de la Comunidad y lo haga con “pereza” cuando se trata de otras comunidades, a las que denunció le da un trato preferente