Fernández Santiago dijo que la Junta no puede entrar a participar en una empresa pública, al igual que tampoco en una privada, y que su apoyo consistirá en defender el plan de viabilidad presentado por los sindicatos al consejero de Economía, Fernando Becker, que recoge la realización de actividads alternativas.

Por otra parte, una treintena de trabajadores de Santa Bárbara de la fábrica de Toledo fueron desalojados hoy de las Cortes de Castilla-La Mancha cuando asistían al Pleno en el que el Gobierno regional informaba de la situación de la planta toledana.

Cuando uno de los empleados increpó a los diputados, acusándoles de no hacer nada por el futuro de la factoría de Toledo de Santa Bárbara, el presidente de las Cortes, el socialista José María Barreda, ordenó el desalojo de los trabajdores, que se produjo sin incidentes, aunque sí en medio de un forcejeo diálectico y físico.

Los operarios ya habían sido advertidos con anterioridad por el presidente cuando desplegaron una pancarta en la tribuna de invitados, que fue retirada por los empleados de la Cámara.

Barreda también llamó al orden en varias ocasiones cuando los trabajadores de Santa Bárbara aplaudieron la intervención del único diputado de IU, José Molina.

El pleno aprobó por unanimidad de los tres grupos -PSOE, PPIU- una resolución de apoyo a los empleados de Santa Bárbara en la que insta a los ministerios de Industria y Defensa, y al INI a cumplir el convenio firmado en 1987, por el que se aseguraba que la planta no se cerraría hasta que sus trabajadores estuvieran recolocados.

Asimismo, las Cortes de Castilla-La Mancha exhortan al Ejecutivo regional a que aporte los fondos públicos necesarios para el cumplimiento del convenio en el caso de que se cerrara la factoría de Toledo.