Según informó hoy el Gobierno autónomo, esta medida tiene como objetivo el resarcimiento, en concepto de daños y perjuicios, de los costes asumidos por la Administración autonómica en la restauración de la zona afectada.

De la cuantía global, 46.979.379,26 euros corresponden a los trabajos realizados por la Consejería d Agricultura y Pesca en la primera fase de retirada de lodos.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente exige el abono de 14.460.050,71 euros por la segunda fase de retirada de lodos y relimpieza, 2.483.913,55 por el control y seguimiento de la calidad ambiental, 5.231.515,95 por las labores de investigación desarrolladas en la zona, 16.553.439,52 invertidos en la restauración ecológica y 2.093.661,17 en concepto de asistencia técnica y actividades complementarias. A estas partidas hay que sumar ls actuaciones sanitarias desarrolladas por la Consejería de Salud con un coste total de 2.065.585,40 euros.

La rotura de la balsa de la mina de Boliden Apirsa provocó el vertido de seis millones de metros cúbicos de aguas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. La mayoría de las actuaciones antes mencionadas se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.

La Junta ha elegido finalmente la vía civil para reclamar a Boliden las indemnizaciones correspondientes a los daños ocasionados por este desastre ecológico tras haber sido desestimado por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla el recurso de apelación interpuesto contra el archivo de las actuaciones penales acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

La demanda de responsabilidad civil afecta a Boliden Apirsa, S.L. con domicilio en Sevilla, a oliden AB como empresa matriz con sede en Suecia y a Boliden BV sita en Holanda. El requerimiento presentado es solidario contra estas tres entidades integradas en el Grupo Boliden.